En Sesión Ordinaria del Congreso de Chihuahua, fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión de Fiscalización, el cual contiene la conclusión del proceso de revisión del Informe General de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022 del Gobierno del Estado y de los Municipios, presentado por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
Dentro de las facultades del Legislativo, está la de revisar y fiscalizar, en los términos de la ley de la materia, por conducto de la ASE y de la Comisión de Fiscalización, las cuentas públicas anuales y los informes financieros trimestrales del Estado y de los municipios; así como los estados financieros de cualquier persona física o moral y, en general, de todo ente que reciba, maneje, recaude o administre recursos públicos, independientemente de su denominación.
La Comisión legislativa de Fiscalización, es la que tiene entre otras atribuciones, la de recibir de la Auditoría Superior el Informe General para su análisis y dictamen correspondiente, por ello el proceder referido respecto a la presentación de Informe General de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2022, y con ello concluir el proceso de revisión y análisis del trabajo realizado, tal y como lo marca la normatividad en la materia.
Es así que, una vez analizado el contenido del Informe General Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022, mismo que se conforma por 224 páginas, en las cuales se distribuyen 7 capítulos de los cuales la Comisión legislativa realizó las conclusiones correspondientes.
Dichos capítulos corresponden al Proceso de Fiscalización; Resumen de las Auditorías, Observaciones, Recomendaciones y Acciones; Áreas Claves con Riesgo Identificadas en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022; Gasto Público; Sugerencias Legislativas al Congreso del Estado; Otra Información Relevante y Atención a Evaluaciones y Sugerencias.
Se concluyeron 212 auditorías, conforme al Programa Anual de Auditoría. De forma adicional a la ejecución de las auditorías contempladas en el Programa Anual de Auditoría, la ASE llevó a cabo la ejecución de 16 Revisiones, de las cuales 14 corresponden a entes municipales para verificar el Mecanismo de Gestión y Participación Social Presupuesto Participativo; dando un total de 228 auditorías y revisiones concluidas.
De acuerdo a la información brindada por la Comisión de Fiscalización, se señala que en general se observó una disminución con respecto al año anterior en las auditorías practicadas al Poder Ejecutivo y a otras entidades fiscalizadas, lo cual se considera obedece a que se concentró mayor fuerza de trabajo en las auditorías de desempeño a los municipios, sin embargo, se considera que esto debe explicarse en el Informe General.
Se determinaron un total de 1723 observaciones:
– Al Poder Ejecutivo le fueron determinadas 31 observaciones derivadas de las auditorías de cumplimiento financiero, 12 de las de obra pública y 4 de las de desempeño, dando un total de 47 observaciones.
– Al Poder Legislativo le fueron determinadas 5 observaciones derivadas de la auditoría practicada en materia de cumplimiento financiero.
– Al Poder Judicial le fueron determinadas 8 observaciones derivadas de la auditoría practicada en materia de cumplimiento financiero.
– A los Municipios les fueron determinadas 468 observaciones derivadas de las auditorías de cumplimiento financiero, 282 de las de obra pública y 539 de las de desempeño dando un total de 1289 observaciones.
– A otras entidades fiscalizadas (organismos autónomos, organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos, asociaciones civiles, entre otras.), les fueron determinadas 197 observaciones derivadas de las auditorías de cumplimiento financiero, 80 de las de obra pública, 55 de las relativas al desempeño y 42 como resultado de las forenses, dando un total de 374 observaciones.
Es importante resaltar que al dictamen se anexó un documento con los comentarios y observaciones realizados por parte del Grupo Parlamentario de Morena, los cuales se refieren al contenido de los Capítulos 1 y 2 del Informe General 2022; ello como parte del proceso de análisis realizado por cada una de las fracciones parlamentarias del Congreso, y para el debido conocimiento de la Auditoría Superior del Estado.
