El Poder Judicial de la Federación en Chihuahua permanece cerrado este lunes en espera de que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos a los que se llegó a nivel nacional con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fue durante el fin de semana que se dio a conocer el acuerdo realizado entre la Suprema Corte, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y las dirigencias de los Sindicatos de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) para reformar el proceso de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, garantizando que dicho mecanismo no tendrá carácter sancionatorio ni derivará en la separación del cargo de los servidores públicos.
Pese a que se aseguró que los juzgados judiciales retomarían laborales con normalidad a partir de este lunes, el personal en Chihuahua continúa en protesta hasta que se oficialicen los acuerdos celebrados a nivel nacional.
La resolución se dio tras una reunión de trabajo celebrada en la sede del Máximo Tribunal, convocada para atender las inquietudes presentadas por la base trabajadora tras la publicación, el pasado 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), del Acuerdo General AG-POAJ-025/2026.
Las representaciones institucionales y sindicales pactaron modificar el instrumento normativo para precisar sus alcances y eliminar puntos de conflicto.
Sin efectos punitivos: Se modificará el texto para dejar asentado que el objetivo único de la evaluación es fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia, derogando cualquier apartado que sugiera sanciones o pérdida del empleo.
Eliminación de evaluaciones extraordinarias: Se suprime la facultad de los titulares de los órganos jurisdiccionales para solicitar evaluaciones extraordinarias a su personal.
Ajuste en la ponderación: Se revisarán y modificarán los porcentajes de evaluación en los rubros que contengan criterios subjetivos.
Los cambios sustantivos serán publicados formalmente en el DOF a la brevedad.
Las partes acordaron el establecimiento de mesas de diálogo permanentes para abordar otros temas de interés para los trabajadores y garantizar la operatividad de los tribunales y juzgados del país.
