Diputadas y diputados de la 68 Legislatura aprobaron la proposición de la diputada María Antonieta Pérez Reyes, por medio de la cual solicitaron a la Fiscalía General del Estado, inicie las carpetas de investigación a 12 posibles matrimonios entre o con menores de edad en los Registros Civiles de las comunidades de Riva Palacio, Ahumada, Guazapares, Julimes y Morelos y de comprobarse la comisión del delito de “Matrimonio Infantil”, deslinde responsabilidades.
Pérez Reyes detalló que, en fechas recientes un medio informativo realizó una investigación periodística en la cual da cuenta de una serie de matrimonios de menores de edad que se han realizado en las referidas comunidades a través de las oficinas del registro civil.
De acuerdo a lo planteado por la Legisladora, el Senado de México aprobó un proyecto de decreto para reformar el Código Penal Federal, a fin de establecer «un tipo penal autónomo que sancione a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona en forma constante y equiparable al matrimonio».
Además, aprobó la prohibición de los matrimonios infantiles en todo el país, y estableció los 18 años como edad mínima para el matrimonio; aunado a ello, este delito se decretó como imprescriptible y al responsable se le impondrá una pena de ocho a 15 años de prisión y de 1.000 a 2.500 días multa, pena que, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana, aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo.
Es por lo anterior que, se hace el llamado a la Fiscalía General del Estado, para que se realicen las investigaciones adecuadas y se deslinden responsabilidades según corresponda al Código Penal, ya que al parecer en el año 2023 se registraron 12 ceremonias en donde las autoridades de las oficinas del registro civil, las consideraron legales a pesar de involucrar a menores de 18 años.
Por último, agregó que, el Director General del Registro Civil del Estado; Rafael Alejandro Corral Valverde en entrevista a un medio de información, declaró que: dichas actas de matrimonio no tendrían validez legal, así como que los matrimonios detectados no cumplían con los requisitos establecidos en la reglamentación correspondiente (Art. 136 del Código Civil del Estado de Chihuahua), y que en apego a los derecho de los niños y niñas los 12 casos ya se estaban atendiendo con carácter de urgente.
