El secretario del Ayuntamiento de Chihuahua, Roberto Fuentes, informó que el Juzgado Primero de Distrito confirmó que el Gobierno Municipal actuó con apego a derecho en el desarrollo del proyecto del nuevo relleno sanitario metropolitano de Mápula, tras resolver el juicio de amparo promovido por propietarios de terrenos ubicados en la zona.
En conferencia de prensa, el funcionario señaló que la resolución, emitida el pasado 10 de agosto, representa un resultado “contundente” luego de casi tres años de litigio, periodo en el que el Municipio encabezó la defensa jurídica del proyecto por instrucción del alcalde Marco Bonilla.
Tres años de litigio por el nuevo relleno sanitario
Roberto Fuentes recordó que entre 2022 y 2023 autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajaron de manera coordinada para autorizar el proyecto del relleno sanitario metropolitano, el cual busca atender la disposición final de los residuos sólidos urbanos de Chihuahua y municipios vecinos bajo estándares técnicos y ambientales.
Explicó que el juicio de amparo fue promovido por particulares que manifestaron preocupación por una posible afectación al acuífero de la zona, tema que, dijo, fue analizado durante el proceso judicial mediante estudios y dictámenes elaborados por especialistas en geología, hidrología e ingeniería.
Sentencia avala permisos, compra del predio y licitación
El secretario aseguró que la resolución federal valida la actuación del Municipio en prácticamente todos los actos impugnados.
Detalló que el juzgado concluyó que el predio seleccionado no se encuentra en un área natural protegida, ni en una planicie aluvial, tampoco en una zona funcional de recarga del acuífero ni sobre fallas geológicas.
Asimismo, indicó que la sentencia confirmó la legalidad de los permisos federales de cambio de uso de suelo, las autorizaciones urbanísticas municipales, la adquisición del terreno y el proceso de licitación para la construcción del relleno sanitario.
“Después de casi tres años de litigio y con toda la evidencia técnica sobre la mesa, una juez federal validó punto por punto la actuación del Gobierno Municipal y no existe señalamiento alguno contra la autoridad”, afirmó.
Resolución ordena fortalecer medidas ambientales
Fuentes precisó que la resolución contempla una etapa técnica adicional, la cual será desarrollada en coordinación con el Gobierno del Estado y está relacionada con el permiso de impacto ambiental.
Subrayó que estas disposiciones no representan una sanción ni una irregularidad detectada por la autoridad judicial, sino medidas orientadas a fortalecer la solidez ambiental del proyecto antes de que entre en operación.
Entre las acciones ordenadas se encuentra la instalación de una doble barrera de impermeabilización con sistema de detección de fugas, contar con un dictamen favorable de una unidad de inspección acreditada, implementar una red permanente de monitoreo de aguas subterráneas, establecer planes definitivos para el manejo seguro de lixiviados y realizar una reunión pública de información con la ciudadanía para presentar los estudios técnicos y atender las observaciones que se formulen.
Indicó que, una vez cumplidas estas condiciones y emitida la resolución ambiental correspondiente, podrá levantarse la suspensión del permiso estatal e iniciarse la operación del nuevo relleno sanitario.
Municipio afirma que la justicia federal le dio la razón
Durante su mensaje, Roberto Fuentes sostuvo que la resolución confirma la legalidad del actuar del Gobierno Municipal frente a quienes, dijo, intentaron politizar el proyecto.
Afirmó que la justicia federal respaldó la selección del sitio, la compra del terreno, las autorizaciones otorgadas por los distintos órdenes de gobierno y el procedimiento de licitación, por lo que Municipio y Estado continuarán trabajando de manera coordinada para concluir la etapa técnica previa a la puesta en marcha del relleno sanitario.
Reconocen respaldo de especialistas y dependencias
Finalmente, el secretario agradeció la participación de académicos, peritos, funcionarios municipales y del equipo jurídico que intervino durante el proceso judicial.
Reconoció especialmente la colaboración de especialistas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de la Universidad La Salle, así como de las direcciones de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Tesorería, además de los abogados que participaron en la defensa legal del proyecto durante los casi tres años que duró el litigio.
