Mil 93 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de violación y abuso sexual en Ciudad Juárez durante 2025: 564 por violación y 529 por abuso sexual. Esto significa que casi tres menores fueron agredidos cada día. Ante esta realidad, la diputada de morena, María Antonieta Pérez Reyes, exigió la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes, con presupuesto propio, personal exclusivo y capacidad técnica para investigar desde la primera denuncia.
Las cifras, documentadas en la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez 2025, elaborada por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), revelan una emergencia que no puede seguir tratándose como un asunto secundario. Las víctimas menores de edad por violación aumentaron 9.5 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 515 casos.
La violencia contra la infancia tampoco se limita a los delitos sexuales. El IMIP registró 2 mil 365 víctimas menores de edad en cinco categorías: violencia familiar, violación, abuso sexual, omisión de cuidados y maltrato infantil. De ese total, mil 588 fueron niñas, equivalentes al 67.1 por ciento; además, mil 315 víctimas tenían entre cero y 11 años. Detrás de cada cifra hay una historia, una familia y una niña o un niño que depende de los adultos y de las instituciones para estar a salvo.
A este panorama se suman 483 carpetas de investigación por violación iniciadas en Ciudad Juárez entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con información de incidencia delictiva publicada el 1 de noviembre. Esta cifra, que comprende víctimas de todas las edades y no exclusivamente menores, colocó a la frontera en el primer lugar nacional por número de investigaciones iniciadas por este delito, con un promedio cercano a 1.8 carpetas diarias.
Los verdaderos monstruos que acechan a la niñez no se esconden en los clósets, debajo de las camas ni en las historias de terror. Pueden estar mucho más cerca: en guarderías, escuelas e incluso detrás del rostro de confianza de un familiar o una persona cercana. “Mamá, ¿verdad que sí me vas a creer?”, fueron las palabras que, de acuerdo con un testimonio difundido en medios de comunicación, antecedieron al desgarrador relato de una niña de apenas tres años que habría sido víctima de violencia sexual en una guardería de la frontera.
Para María Antonieta Pérez, estos casos evidencian la urgencia de contar con una institución que tenga la capacidad y sensibilidad para atender delitos contra la infancia. Investigar agresiones contra bebés, niñas y niños pequeños exige conocimientos y procedimientos especializados: no basta con recibir una denuncia y abrir una carpeta; se requiere personal capacitado para obtener testimonios adecuados a su edad, preservar pruebas médicas y documentales, actuar oportunamente y evitar que las víctimas tengan que repetir una y otra vez lo que vivieron.
La propuesta contempla equipos exclusivos de ministerios públicos, policías, psicólogos y médicos especializados, cobertura estatal y una sede fortalecida en Ciudad Juárez. También plantea mecanismos de rendición de cuentas que permitan conocer cuántas investigaciones permanecen pendientes, cuántas avanzan a los tribunales y cuáles son los tiempos de respuesta, siempre bajo estrictas medidas de protección a la identidad de las víctimas.
La legisladora advirtió que la procuración de justicia no puede depender de cuánto insistan las madres ante las autoridades ni de los recursos económicos que tengan las familias para dar seguimiento a una denuncia. Una madre no debería convertirse en investigadora para conseguir justicia para su hija o hijo, ni acudir repetidamente a las oficinas públicas para conocer el avance de un caso. Investigar y garantizar justicia es responsabilidad del Estado, no de las madres, subrayó.
La creación de esta fiscalía, insistió, debe traducirse en presupuesto suficiente, personal preparado, atención psicológica y médica, medidas de protección y resultados verificables. No se trata solamente de abrir otra oficina, sino de garantizar que ninguna denuncia quede abandonada y que ninguna familia tenga que enfrentar sola la búsqueda de justicia.
La infancia no puede defenderse sola. Cuando una niña o un niño pide ayuda, el Estado tiene la obligación de escuchar, creer, proteger e investigar.
