Diputadas integrantes del Grupo Parlamentario de Morena resaltaron la disposición de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República, de revisar en términos de su competencia, la atracción para indagar el caso de las funerarias y crematorio “Plenitud”, presuntos responsables de acumular 390 cadáveres para incinerar y de entregar restos no exactos a cientos de familias juarenses.
La presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán, junto con las legisladoras María Antonieta Pérez Reyes y Rosana Díaz, entregaron la solicitud de atracción al delegado de la FGR en Chihuahua, Ramón Ernesto Badillo Aguilar, acompañado este funcionario la subdelegada federal Argene Blásquez Morales, donde parte de la solicitud apunta a una investigación a fondo sobre las actividades de las empresas funerarias Luz Divina, Latinoamericana, Amor Eterno y las capillas Protecto-Deco, del Carmen y Ramírez, en el caso antes citado.
Al término de la reunión, la diputada María Antonieta Pérez Reyes señaló que en el escrito se pide al fiscal General Alejandro Gertz Manero, la inmediata investigación del caso, ‘se le propone, se le solicita que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, le entregue carpetas de investigación que se encuentran actualmente en la Fiscalía de Chihuahua para que sean del ámbito federal.
Mientras que la presidenta del Congreso, Elizabeth Guzmán, reiteró que la bancada de Morena es solidaria con los deudos: “ya estamos por cumplir dos meses; pues bueno se pueda dar mayor certeza a las familias que están viviendo este dolor y están en gran incertidumbre que nos duele a toda la comunidad juarense, por eso queremos que se analice esta solicitud de atracción”.
“Nos hemos dado cuenta de que hay unas grandes lagunas, no únicamente que no hay una licencia de que se renueve, que no hay una sanción que abarque a todos los implicados”, dijo la diputada Rosana Díaz, aclarando que desde el Congreso el Grupo Parlamentario de Morena, trabaja pese a resistencias por elaborar más y mejores leyes que regulen la actividad tanto de funerarias y crematorios para que no se repita lo sucedido en Juárez, donde se autorizó licencias de operación, pero la autoridad estatal encargada de ello no verificó el adecuado tratamiento de restos humanos.
