En los últimos ocho años, se han desperdiciado casi 2 mil millones de pesos de fondos federales que tenían que utilizarse para fortalecer a policías y fiscalías de 30 estados del país.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) mantiene en investigación y en seguimiento 173 expedientes correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), cuyos recursos fueron transferidos entre 2016 y 2023, pero que los gobiernos estatales no pudieron justificar con documentación comprobatoria válida en qué los gastaron.
El FASP es un fondo que se reparte a todos los estados para fortalecer la formación de recursos humanos en materia policial, dotarlos de mejor equipo, mejorar su red de telecomunicaciones e informática, construir y mejorar las instalaciones de policías y ministerios públicos y evaluar programas y acciones de seguridad pública. Sin embargo, los gobiernos estatales reportaron haber comprado patrullas y uniformes, sin que la ASF cuente con la documentación que lo compruebe.
Una revisión hecha por MILENIO a los datos públicos de la ASF revela que cinco estados concentran la mitad de esos fondos presuntamente perdidos: Veracruz, Chihuahua, Aguascalientes, Colima y Coahuila concentran recursos sin aclarar por mil 14 millones de pesos.
Veracruz no pudo justificar el gasto de 310.3 millones de pesos del FASP entre 2016 y 2017, en el sexenio de Javier Duarte.
Chihuahua arrastra un presunto desfalco de 232.1 millones de pesos al FASP, de los que casi el 70 por ciento, 155.2 millones de pesos, corresponden al 2016, último año de César Duarte, actualmente preso, acusado de corrupción.
Aguascalientes tiene cuentas pendientes por 180 millones de pesos, la mayoría, 176.5 millones, del sexenio pasado, 2016-2022, encabezado por Martín Orozco.
Colima, el estado más violento del país, arrastra presuntos desfalcos por 155.8 millones de pesos, de los cuales, el 90 por ciento, es decir, 141.4 millones, corresponden al 2023, en el actual gobierno de Índira Vizcaíno.
Coahuila dejó un presunto daño patrimonial por 136 millones de pesos, de los que el 82 por ciento datan de 2016 y 2017, en el sexenio de Rubén Moreira.
