El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Salvador Carrejo Orozco dio a conocer que ante la entrada en vigor de la ley silla en 2025, piden al gobierno federal que sea un proceso de manera flexible y progresiva.
«Estamos completamente a favor con este tipo de reformas por que van encaminadas a mejorar las condiciones de trabajo de los colaboradores de las empresas, este tipo de reformas creo que contribuyen a que los colaboradores y las empresas haremos un esfuerzo en la dignidad de los colaboradores», comentó.
Asegura que este proceso debe darse de manera progresiva y con flexibilidad en los primeros meses para hacer que cumplen con la ley.
A partir de la reforma, que entrará en vigor dentro de 180 días naturales, los patrones estarán obligados a proporcionar sillas con respaldo a sus empleados, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, promoviendo la salud y el bienestar físico de los trabajadores.
La reforma, que modifica los artículos 132, 133, 422 y 423 de la Ley Federal del Trabajo, establece que los empleadores deben proveer un número adecuado de asientos o sillas con respaldo para todas las personas trabajadoras, ya sea para la ejecución de sus funciones o para los descansos periódicos durante la jornada laboral. En el caso de estos descansos, las sillas deberán ser ubicadas en áreas específicas dentro del lugar de trabajo, siempre que la naturaleza del trabajo lo permita, como en los establecimientos industriales.
Uno de los aspectos clave de la reforma, conocida como la “Ley Silla”, es la prohibición de que los empleadores obliguen a los trabajadores a mantenerse de pie durante toda su jornada laboral sin poder tomar asiento en momentos determinados. Además, establece que los reglamentos internos de los centros de trabajo deben incluir disposiciones sobre el derecho al descanso y al uso de las sillas con respaldo, lo que buscará evitar la fatiga y otros problemas derivados de la permanencia prolongada en pie.
El decreto también señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá un plazo de 30 días naturales después de la entrada en vigor para emitir las normas correspondientes que regulen los factores de riesgos laborales relacionados con este cambio. Asimismo, las empresas contarán con un plazo de 180 días para ajustar sus normativas internas y cumplir con la nueva ley, lo que garantizará su implementación gradual y sin afectar la operatividad de los centros de trabajo. Este paso representa un avance significativo en los derechos laborales en México, mejorando la calidad de vida de los trabajadores.
