La Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua dio a conocer que, a través de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua (PECUU) se corroboró una denuncia por extorsión en contra de personas de la comunidad rarámuri, cometido por un policía municipal y una agente de la Policía Vial.
Los hechos ocurrieron el pasado 05 de febrero, en una investigación que se realizó por el Órgano de Control Interno del Municipio de Chihuahua en contra de Gabriela Rosario Torres Uyón, adscrita a la Subsecretaría de Movilidad (Policía Vial) de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como de Juan Carlos Ortega Acosta, elemento activo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
Según la investigación, las víctimas circulaban por la carretera a Cuauhtémoc, con rumbo a un funeral en Norogachi cuando la policía vial les marcó el alto y les solicitó la cantidad de 12 mil pesos a cambio de evitar la detención y aseguramiento del conductor por supuesto aliento alcohólico, así como por conducir con exceso de pasajeros.
Las víctimas manifestaron que no tenían tal cantidad por lo que fueron escoltados a un punto cercano al asentamiento en donde residen, posteriormente arriba el policía municipal y dialoga con las personas que viajaban en el vehículo.
Una cámara situada en la unidad del agente de la DSPM capta la interacción entre los elementos de seguridad respecto a las acciones que llevarán a cabo y realizando comentarios despectivos en contra de los habitantes del asentamiento rarámuri.
Los elementos indican a las víctimas que la entrega del dinero se realizará en otro punto, dandóles indicaciones el camino que deben seguir; posteriormente, se observa a la policía vial que se acerca a la patrulla municipal para entregarle dinero en efectivo al uniformado, mismo que lo cuenta y lo guarda en uno de los bolsillos de su camisa.
Derivado de los elementos con los que se integró la carpeta de investigación, un juez de control libró las órdenes de aprehensión en contra de los elementos, mismos que se encuentran en calidad de prófugos de la justicia y desde sus Corporaciones se iniciaron los procedimientos para la baja de los mismos.
Por su parte, el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza manifestó que desde el momento en que se levantó la denuncia y se inició la investigación, se rezarció el daño patrimonial a las víctimas, mismas que a la fecha, cuentan con medidas de protección por parte de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua.
