El pasado 01 de febrero del año en curso, la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, a través de la Agencia Estatal de Investigación, cumplimentó dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de integrantes de un grupo criminal que opera en el municipio de Guerrero.
Se trata de Daniel J. L., y Verenice B. O., a quienes se les investiga por lo siguiente:
Hechos: Que, en el mes de noviembre de 2022, una familia fue desplazada de su lugar de residencia en Guerrero, Chihuahua, toda vez que sufrieron múltiples robos a casa habitación, de ganado y vehículos, así como amenazas de muerte, sin que hasta la fecha puedan regresar a sus hogares y lugar donde tienen su sustento económico por el grave peligro que corren.
Razón por la cual, la Fiscalía inició una investigación en su contra de esta pareja y diversos sujetos que aparecen como coparticipes, logrando que el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, librara las órdenes de captura, dentro de la causa penal 3673/23.
El 02 de febrero del 2024, el Ministerio Público de la Unidad de Proyectos Especiales, formuló imputación a los probables responsables, y se les dictó como medida cautelar la prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso, toda vez que las víctimas pudieran encontrarse en peligro estando en libertad los imputados.
Posteriormente, el 06 de febrero, la Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Daniel J. L., y Verenice B. O., por los hechos que formuló el Ministerio Público, ya que encontró suficientes los elementos para acreditar la probable responsabilidad en el delito de desplazamiento; en consecuencia, se determinó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
Siendo esta la cuarta orden de aprehensión que se ejecuta por estos hechos, ya que el pasado mes de noviembre de 2023, la misma Fiscalía obtuvo una vinculación a proceso por estos hechos en contra de diversa integrante de la delincuencia organizada.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).
