Miles de personas marchaban el jueves por la capital de Perú y en otras ciudades del país para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, al cumplirse un año de su gestión tras la destitución del anterior mandatario y en medio de una profunda recesión económica y continua turbulencia política.
La popularidad de Boluarte ha caído a menos de un dígito porcentual, el nivel más bajo de su gestión desde que asumió el poder el 7 de diciembre del año pasado tras la expulsión de Pedro Castillo, quien intentó de forma ilegal cerrar el Congreso, según sondeos.
La mandataria está luchando contra el peor desempeño de la economía del país minero en tres décadas, sin contar la pandemia del coronavirus, debido a la caída de las inversiones y del golpe por anteriores protestas antigubernamentales.
A la recesión económica se suma la falta de confianza en las instituciones, como el Congreso tradicionalmente desprestigiado. Esta semana la crisis en el Ministerio Público se agudizó con la suspensión de la fiscal general por una investigación criminal.
«Que se vayan todos», arengaban los manifestantes en una de las calles de Lima, exigiendo la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y elecciones anticipadas, repitiendo los pedidos en las protestas de fines del año pasado y comienzos del 2023.
No se registraban hasta la tarde enfrentamientos con la policía. El gobierno elevó hace unos días las penas contra las personas que provoquen violencia en las protestas, destruyan propiedad pública o privada o cierren vías clave.
«Congreso, fiscalía, ¡basta ya de corrupción¡ queremos vivir en paz», dijo de forma airada una mujer sentada en suelo, que se excusó de ser identificada alegando temas de seguridad.
Variadas demandas
Las protestas anteriores dejaron más de 50 muertos en el país y la fiscalía presentó a fines de noviembre ante el Congreso una acusación constitucional contra Boluarte, por presunto delito de «homicidio calificado».
En las protestas del jueves los manifestantes sumaron a sus demandas la vuelta a prisión del expresidente Alberto Fujimori, que salió en libertad el miércoles luego de que se restableciera su polémico indulto humanitario concedido el 2017.
Fujimori, de 85 años, fue condenado a 25 años de prisión por ser autor mediato de la matanza de 25 personas en 1991 y 1992, mientras su gobierno enfrentaba a una guerrilla izquierdista.
Las protestas se repetían en la ciudad turística del Cusco, en Iquitos en la amazonía, en la norteña Trujillo, entre otras. Algunos manifestantes pedían la liberación del expresidente Castillo, preso mientras o investigan por presunta rebelión.
«Un día como hoy se dio la dictadura Congreso, que ha secuestrado a nuestro presidente Pedro Castillo», dijo Maruja Inquia, una mujer vestida con trajes andinos típicos de colores que dijo vino desde el interior del país para marchar en Lima.
Los organizadores de las protestas, grupos civiles, sindicatos y partidos de izquierda han convocados también a otras marchas el viernes y el sábado al año del nuevo gobierno.
