Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó este jueves la sanción administrativa impuesta por la autoridad electoral a la campaña electoral con la que llegó al poder en 2022 por exceder los límites de gastos permitidos en hasta 1.2 millones de dólares y por financiamiento con fuentes prohibidas.
“Nosotros no aceptamos esa decisión administrativa. Es la oposición multándonos”, indicó Petro en la red social X, al cuestionar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
El CNE está compuesto por nueve magistrados electos por el Congreso de ternas elaboradas por los partidos políticos, por lo que suele recibir cuestionamientos sobre obedecer a los intereses políticos partidistas.
La autoridad electoral impuso multas sobre quienes administraron la campaña electoral como el gerente, Ricardo Roa, quien actualmente es el presidente de la estatal petrolera Ecopetrol; la tesorera de la campaña y la auditora. Así como los partidos de izquierda Colombia Humana y Unión Patriótica, que hacían parte de la coalición de la candidatura de Petro.
Por el fuero especial del que goza por ser presidente, Petro no puede ser sancionado por el CNE, según aclaró en junio la Corte Constitucional, al ordenar que el Congreso y no la autoridad electoral el que lo investigue por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña.
Tras la decisión, defendió que a su campaña no entró “un peso del narcotráfico”, en respuesta a críticos que cuestionaron la financiación de la campaña con la que fue elegido, aunque la investigación no tuvo que ver con dineros ilegales sino con exceder los límites de la financiación.
El CNE recibió una queja anónima en 2023 y en octubre de 2024 decidió abrir la investigación sobre la campaña. Consideró que recibieron fondos de “fuentes de financiación prohibidas” procedentes de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), de Ingenial Medias y de la Unión Sindical Obrera.
