El fiscal que investigaba por terrorismo el asalto a un canal de televisión en directo por un grupo de hombres armados la semana pasada en Ecuador fue asesinado el miércoles en la ciudad de Guayaquil, la más peligrosa del país, según confirmó la fiscal general del país. Por el caso fueron procesados 13 presuntos responsables, en un ataque sin precedentes que impactó nacional e internacionalmente y que derivó en que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, decretara que Ecuador se encuentra en “conflicto armado interno”.
El fiscal César Suárez, que llevó en el pasado importantes indagatorias por corrupción en hospitales y también tenía a cargo el caso Metástasis sobre un capo ecuatoriano que había infiltrado al Estado y obtenía trato de favor de jueces, fiscales, policías y altos funcionarios, fue acribillado a tiros cuando circulaba en un vehículo a través de la ventana del lado del conductor.
Entre los procesos que manejaba el fiscal, uno de corrupción hospitalaria en el que también está involucrado Daniel Salcedo, detenido la víspera en Panamá y sobre quien el presidente de la Corte Nacional de Justicia inició los trámites para su pedido de extradición.
Salcedo también está mencionado en los chats del capo del narcotráfico Leandro Norero.
El homicidio de fiscal César Suárez, muerto a balazos cuando circulaba con su vehículo por un barrio del puerto del suroeste del país, fue confirmado por la fiscal general, Diana Salazar, en un video divulgado en X (antes Twitter).
«Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez (…) voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana», dijo Salazar.
La Policía aseguró en un chat de periodistas que se encuentra desplegada para dar con los responsables.
“Los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad; continuaremos con fuerza”, aseguró la fiscal general, Diana Salazar, en un video difundido en la cuenta de la red social X, antes Twitter, en el que aseguró que el hecho “atroz» trae «un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador”.
La Fiscal General hizo un llamado a que se garantice la seguridad de los fiscales y para que las autoridades judiciales autoricen que las audiencias se realicen de manera telemática.
En torno al asesinato de Suárez, dijo que se realizan las diligencias en el lugar del hecho para garantizar que el crimen no quede en la impunidad.
El hecho ocurre horas después de que la policía allanara una vivienda en un exclusivo sector de la capital, Cumbayá, e incautara 75 armas largas y 33 cortas de diferente calibres, así como municiones e instrumentos para realizar recargas de los proyectiles.
El director de investigación de la Policía Judicial, coronel Galo Erazo, detalló a la prensa que también fue detenido un adulto mayor de nacionalidad ecuatoriana-estadunidense, quien —aseguró— no pudo justificar la tenencia del arsenal ni contaba con los permisos respectivos. Las investigaciones siguen para establecer si tiene “vinculación” con alguna organización criminal.
La víspera la policía informó que encontró unos 130 tacos de dinamita que se habían colocado cerca de una estación policial y un popular mercado del centro de la capital.
Todos estos hechos tienen lugar en medio de un estado de emergencia decretado la semana pasada tras una serie de ataques violentos que las autoridades adjudican a grupos criminales y del narcotráfico que operan dentro y fuera de las cárceles.
La escalada de violencia se desató tras la desaparición de un importante narcotraficante, líder de la peligrosa agrupación criminal Los Choneros, Adolfo Macías, alias «Fito2, quien estaba recluido con una condena de 34 años en una cárcel de Guayaquil por asesinato, delincuencia organizada y narcotráfico. Las autoridades ofrecen una recompensa por información que permita su localización.
Ante la situación las clases en el sistema educativo de todo el país siguen en modo virtual durante esta semana, dispuso el Ministerio de Educación mientras la Unión Nacional de Educadores —el gremio de los maestros de escuelas públicas— reportó que personas no identificadas irrumpieron en las clases en línea, emitiendo amenazas a estudiantes y docentes, ante lo cual se tomaron medidas de seguridad, agregó.
En el más reciente balance sobre las acciones policiales y militares durante el estado de excepción, las autoridades informaron que hasta el momento se han realizado 20.849 operativos que han dado con la detención de 1.945 personas, de las cuales —indican— 158 enfrentan cargos por presunto “terrorismo”.
El hallazgo del miércoles se suma a otras 728 armas de fuego y 736 armas blancas incautadas, además de 521 explosivos y 21.198 municiones decomisadas, según el recuento oficial, que también da cuenta de 25 supuestos atentados perpetrados contra infraestructuras policiales, públicas y privadas en los últimos días.
Por su parte, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, destacó en el marco del Foro Económico Mundial de Davos que la violencia, el narcotráfico y otros delitos generados por las bandas criminales “son problemas que a pesar de que están radicados en un país pequeño como Ecuador, no corresponde únicamente a Ecuador la responsabilidad” de enfrentarlos.
Allí es cuando “entra el apoyo y la cooperación coordinada internacional”, planteó la ministra según un vídeo difundido por la Presidencia.
Naciones como Estados Unidos, Argentina, Brasil y otros 35 países han expresado su decisión de ayudar a Ecuador en el combate del crimen organizado, y se espera que en los próximos días llegue una misión de alto nivel estadounidense al país andino.
