Los funcionarios de la cancillería que mantienen la interlocución con los familiares y abogados de los seis mexicanos detenidos en la prisión de Ktziot, en Israel, no han podido concretar una llamada grupal con el embajador en Tel Aviv, Mauricio Escanero, ni han ofrecido información precisa e individualizada sobre su estado de salud, condiciones carcelarias y situación jurídica, más allá de los escuetos términos del comunicado oficial donde se dice que los seis “se encuentran bien” y que “ya se iniciaron las gestiones correspondientes” para su repatriación, aseguró el abogado, David Peña Rodríguez.
Sin embargo, indicó que a partir del primer proceso de expulsiones de los navegantes de la Flotilla Sumud –137 personas, de un total de 473 interceptados y detenidos de manera ilegal en aguas territoriales de Palestina, que arribaron este sábado a Estambul—“podemos pensar que hay un escenario favorable, aunque unilateral y arbitrario, que puede resolver en un corto plazo la preocupación más acuciante, que es saber que los seis compañeros estarán pronto a salvo, fuera de la jurisdicción israelí”.
Peña informó que desde el momento de la intercepción de las 41 naves de la flotilla que llevaba ayuda solidaria a Gaza, el colectivo de familiares ha sostenido dos reuniones en la cancillería, con la subsecretaria, María Teresa Montoya, el director para Medio Oriente, Aníbal Gómez Toledo, la directora de Protección Consular, Vanessa Calva y el consultor jurídico, Pablo Arrocha, no se ha podido concretar una conferencia telefónica grupal con el embajador Escanero en Tel Aviv. Nos dicen que ´la están gestionando´. Tampoco nos han detallado sobre las condiciones carcelarias y de salud individuales de cada uno, si están juntos o separados o en qué consisten las acciones que están realizando” aclaró el representante legal de las siete familias David Peña.
El abogado señaló que, aunque se abrió un canal de comunicación grupal vía Whatsapp con Escanero, el diplomático sólo comparte generalidades y no responde a las inquietudes “muy justificadas” de los familiares “ya que los compañeros se encuentran en una prisión con muy mala reputación por la violación a los derechos humanos de los reclusos”.
Lo que los familiares se preguntan sin obtener respuesta de los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo Peña, es si los detenidos están solos o aislados, si son tratados adecuadamente, cuál es su estado de salud y cuándo podrán reunirse con ellos. “Lo que quieren es tener certeza sobre el proceso de deportación”. También explicó que hay un “cambio fino” entre las primeras declaraciones de la cancillería mexicana, que aseguraba estar tratando directamente con el gobierno de Israel la entrega de los seis connacionales y la más reciente, donde dicen estar gestionando la repatriación junto con otros países.
El grupo de familiares, amigos y defensores de los seis mexicanos mantienen comunicación directa con el Centro por los Derechos Civiles de la Población Árabe en Israel (Adalah por sus siglas en árabe). Sus asesores lograron reunirse con cerca de 80 integrantes de la flotilla Sumud en la prisión de Ktziot (entre estos ninguno de los seis mexicanos detenidos en ese sitio) y reportaron diversas formas de maltrato y agresiones por parte de los guardias del centro penitenciario.
“Nosotros nos enteramos a través de Adalah que entre el jueves y el viernes se realizaron cerca de 200 audiencias sin notificación previa ni presencia de defensores o asesores jurídicos. Las resoluciones de expulsión fueron unilaterales, con la única participación de autoridades israelíes. También por ellos supimos que las deportaciones que se realizaron con la coordinación de la embajada turca en Tel Aviv —en total 137 personas, entre ellas ciudadanos de Estados Unidos, Suiza e Italia— no fueron reportadas previamente a los abogados de los detenidos, que han sido sistemáticamente ignoradas.
