La Corte Suprema accedió el viernes a decidir si México puede demandar a los fabricantes de armas en Estados Unidos por ayudar en el tráfico de armas utilizadas por los cárteles de la droga.
México demandó a siete fabricantes de armas y a un distribuidor en 2021, culpándolos por la violencia desenfrenada causada por el tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos, impulsado por la demanda de los cárteles de drogas de armas de estilo militar.
“Durante décadas, el Gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de un flujo mortal de armas de estilo militar y otras armas particularmente letales que cruzan de Estados Unidos a través de la frontera”, decía la demanda de México, agregando que la carnicería resultante era “el resultado previsible de las acciones deliberadas y las prácticas comerciales de los acusados”.
México tiene estrictas leyes de control de armas que, según afirma, hacen que sea prácticamente imposible para los delincuentes obtener armas de fuego legalmente. De hecho, la demanda señaló que su única tienda de armas emite menos de 50 permisos al año. Sin embargo, la violencia armada es desenfrenada.
La demanda, que busca unos 10 mil millones de dólares en daños, afirmó que entre el 70% y el 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provinieron de Estados Unidos y que los distribuidores de armas en los estados fronterizos vendieron el doble de armas que los distribuidores en otras partes del país.
El juez F. Dennis Saylor, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Boston, desestimó la demanda de México, diciendo que estaba prohibida por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, una ley de 2005 que prohíbe muchos tipos de demandas contra fabricantes y distribuidores de armas de fuego. La ley, escribió Saylor, “prohíbe exactamente este tipo de acción en los tribunales federales y estatales”.
Sin embargo, un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos, en Boston, reactivó la demanda, diciendo que calificaba para una excepción a la ley, que autoriza demandas por violaciones intencionales de las leyes de armas de fuego que son una causa directa de las lesiones del demandante.
Información de The New York Times
