La justicia chilena aumentó el jueves las condenas de nueve militares en retiro por su participación en el asesinato de 15 personas durante el llamado caso «Caravana de la muerte», en las primeras semanas de la dictadura de Augusto Pinochet.
El brigadier Pedro Espinoza y el coronel Juan Chiminelli, los dos retirados, que habían sido condenados a cinco años de prisión en 2018 como autores de los homicidios, ahora deberán cumplir una pena de 15 años, según el fallo de la Corte Suprema, el máximo tribunal del país.
Otros seis militares recibieron condenas de entre cinco y 10 años por su participación en los crímenes, ocurridos en la ciudad de La Serena, a unos 500 km de Santiago.
El general (r) Juan Emilio Cheyre, quien en 2003 fue el primer comandante en jefe del Ejército en pedir un «nunca más» abusos a los derechos humanos, fue condenado a cinco años por su complicidad en el caso, pero se le entregó el beneficio de libertad vigilada.
La Caravana de la muerte es uno de los casos más emblemáticos de los crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), que dejó más de 3 mil 200 muertos.
Días después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que derrocó al gobierno del socialista Salvador Allende (1970-1973) e instauró la dictadura de Pinochet, un comitiva militar encabezada por el general Sergio Arellano recorrió en helicóptero varias ciudades del país para ejecutar a partidarios de Allende que habían sido detenidos.
Según el fallo judicial, Pinochet ordenó «recorrer diversas ciudades del país, para acelerar los procesos que afectaban a detenidos políticos y (…) proceder a ejecutarles».
En ese contexto, las 15 víctimas de La Serena fueron llevadas a un polígono de tiro, donde fueron «ajusticiados sin juicio previo, mediante disparos efectuados por personal del Ejército, algunos de ellos rematados con un tiro de gracia», dice el tribunal.
La Corte Suprema ordenó al fisco a pagar una reparación de unos 3,6 millones de dólares a 32 familiares de las víctimas.
Pinochet, quien falleció en 2006, fue procesado y estuvo bajo arresto domiciliario por este caso, el primero por el cual debió comparecer ante la justicia chilena.
Pero en julio de 2002 fue sobreseído por la Corte Suprema, por una supuesta demencia que le impedía defenderse en tribunales.
La decisión del jueves es una de las varias condenas definitivas emitidas este año por la justicia chilena por crímenes cometidos durante la dictadura, cuando se cumplieron 50 años desde el golpe de Estado.
