La Cámara de Diputados argentina aprobó el martes el proyecto de ley con el que el gobierno del presidente Javier Milei busca implementar reformas económicas y del Estado, que fue consensuado con opositores aliados para eliminar los aspectos más controversiales y asegurar su aprobación.
La llamada Ley de Bases —la primera norma que Milei aspira a lograr desde que asumió en diciembre y con la que busca asegurarse mayor gobernabilidad— salió adelante ya que a los votos del partido oficialista La Libertad Avanza se sumaron los de su aliado PRO y los de legisladores dialoguistas de la Unión Cívica Radical, Hacemos Coalición Federal, Coalición Cívica e Innovación Federal. La iniciativa deberá ser tratada por el Senado en los próximos días.
También está previsto que los legisladores se pronuncien el martes sobre un paquete de reformas fiscales.
Milei se congratuló del resultado. “Este es un primer paso fundamental para sacar a Argentina del pantano que ha sido las últimas décadas. Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron acompañar nuestro proyecto”, publicó el mandatario en su cuenta de la red social X, antes Twitter.
Mientras la votación avanzaba, organizaciones y partidos de izquierda protestaban en las inmediaciones del Congreso al considerar que ambas iniciativas perjudican a los trabajadores y benefician a las empresas y a particulares de altos ingresos.
En la Ley de Bases el oficialismo —en desventaja numérica en la Cámara de Diputados y en el Senado—realizó concesiones a sectores aliados para evitar el tropiezo que hace algo más de dos meses sufrió en el mismo recinto legislativo otra versión que contemplaba reformas de mayor calado.
La cámara baja aprobó los artículos que declaran la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. También una reforma del Estado con la delegación y facultades al Ejecutivo sobre organismos públicos y fondos fiduciarios.
En la lista de organismos que quedan a salvo de intentos de disolución por parte del Ejecutivo están, entre otros, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y el Ente Nacional de Comunicaciones.
Pero otros solicitados por opositores, como el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y el Banco Nacional de Datos Genéticos, no fueron incluidos en esa lista de excepciones.
El diputado Nicolas Massot, aliado del gobierno, señaló que “esta ya no es más ‘la ley de Milei’, es la ley de este Congreso”. Indicó que ”no hay un superpoder para privatizar sin ningún control 41 empresas del Estado; pasamos de 16 superpoderes a tres super acotados».
Pero el jefe de la peronista Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó “la delegación abusiva de facultades que le estamos dando al presidente” y remarcó la “inconstitucionalidad” del proyecto.
La ley incluye además una reforma laboral, la cual el gobierno intentó impulsar al inicio de la gestión sin éxito y que encontró trabas en la justicia. El oficialismo dio marcha atrás con medidas que eran leídas como un recorte del poder de los sindicatos, entre ellas la que limitaba el derecho de huelga en actividades consideradas esenciales y la que eliminaba las cuotas solidarias obligatorias que deben pagar los trabajadores que no están afiliados a los gremios.
Las modificaciones que salieron adelante fueron el establecimiento de un periodo de prueba para los trabajadores de seis meses —con posibilidades de ampliarlo a ocho meses y un año según ciertas compañías—, la eliminación de las multas a empresarios por el trabajo no registrado y el establecimiento de un fondo de cese laboral voluntario que se compone con aportes mensuales del salario y puede sustituir el sistema de indemnizaciones en caso de despido.
Ese mecanismo debe constituirse mediante un acuerdo entre las cámaras empresarias y el sindicato más representativo del sector.
Además se estableció que la participación en bloqueos o tomas de establecimientos por los trabajadores configurará una grave falta que podría ser tomada como causal de despido.
El diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño señaló que esta es «una contrarreforma que le quita derechos a los trabajadores. Es un retroceso, porque trae mayor precarización”.
En Argentina más del 40% de los trabajadores no están registrados.
En el capítulo sobre las privatizaciones, de la extensa lista inicial que barajaba el gobierno quedó excluido al Banco Nación. Las compañías plausibles de pasar a manos privadas son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Agua y Saneamientos Argentinos, el Correo Oficial y la Sociedad Operadora Ferroviaria, entre otras pocas más.
La ley contempla además la creación de un régimen de incentivo para grandes inversiones que incluye una serie de beneficios fiscales y aduaneros para sociedades nacionales y extranjeras que inviertan en proyectos millonarios.
Diputados opositores apuntaron que “no es justo este tipo de concesiones que perjudican a otras empresas”.
