La reducción por 15,805 millones 100,000 pesos al presupuesto del Poder Judicial de la Federación (PJF) para el ejercicio fiscal del 2026, aprobado por la Cámara de Diputados, generó opiniones encontradas entre los juristas y académicos Eduardo Andrade y Juvenal Lobato.
“Para mí es un asunto de debilitamiento del Poder Judicial”, afirmó Lobato, especialista en Derecho Constitucional y Tributario y profesor de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM).
Andrade, constitucionalista y doctor en Ciencia Política por la UNAM, también catedrático de su alma máter, aseguró que el recorte presupuestal aplicado no afectará al PJF.
“Las actividades estrictamente sustantivas y las prestaciones laborales yo no veo por qué se vean afectadas. Algunas actividades que no son estrictamente jurisdiccionales podrían ser reducidas y con eso se resuelve la manera de ajustar el gasto”, dijo.
Tras el ajuste aplicado por la Cámara baja en ejercicio de su facultad constitucional exclusiva, el presupuesto por 85,960 millones 228,646 pesos solicitado por el PJF para ejercer el próximo año se redujo a 70,155 millones 128,646 pesos.
El recorte total referido incluye 14,056 millones de pesos del gasto proyectado para el Órgano de Administración Judicial (OAJ), que sustituye al extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuyo presupuesto ascenderá a 60,168 millones 414,696 pesos para 2026.
También se ajustó a la baja, por 661 millones de pesos, el gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dispondrá de 5,208 millones 743,404 pesos el próximo año.
El recorte presupuestal alcanzó también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que forma parte del PJF, al que le recortaron 260 millones de pesos; su gasto autorizado suma 3,749 millones 492,877 pesos.
El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) fue el único órgano del PJF que no sufrió recorte en su gasto proyectado para 2026, que ascenderá a 1,856 millones 577,669 pesos.
Mal mensaje
Lobato explicó que el recorte “sí afectará el trabajo jurisdiccional”, sobre todo a la luz de la reciente reforma a la Ley de Amparo.
“Dos cosas buenas que tuvo la reforma fue el tema de fortalecer el juicio en línea, el juicio digital, y la otra fueron los plazos que ahora se fijan a los jueces para que puedan actuar y emitir acuerdos.
“Estos cambios tendrían que ir de la mano con un presupuesto adecuado porque el sistema de juicio en línea que tiene el Poder Judicial no va a funcionar si no tiene dinero. Y es un sistema que lleva el propio Órgano de Administración Judicial (…) Yo confiaría en que no afecte para que mantenga los recursos para que este sistema funcione, si no sería un contrasentido. Fortalecemos el juicio en línea, pero no le invertimos recursos”.
Su segunda preocupación tiene que ver con los trabajadores del PJF.
“Esta reducción espero que no afecte al personal del Poder Judicial. Es decir, no les podemos obligar a que actúen rápido, fijarles plazos para emitir sentencias, por ejemplo, pero que no tengan la capacidad tanto material como humana que se vea respaldada por el tema presupuestario’’.
Desde su óptica, el mensaje que se envía con el ajuste presupuestal es “poco alentador; un mal mensaje’’ para el fortalecimiento del PJF. “Debilitar el presupuesto implica debilitar las propias funciones”.
Los pagos pendientes de pensiones a extrabajadores judiciales también se afectarán, aseguró.
“No se puede atender necesidades de recursos para pagar las pensiones si no se tienen los recursos”, afirmó al recordar que “también desaparecieron los fideicomisos’’ del Poder Judicial.
Para Andrade el recorte no envía “un mal mensaje”, y dijo que “seguramente le cubrirán sus prestaciones a los trabajadores y extrabajadores como debe ser, y ajustando algunos renglones el año que entra debe salir bien todas las erogaciones del Poder Judicial, sin afectación de su actividad sustantiva”.
