Tras aprobar incluir programas sociales de la 4T en la Constitución, se destinarán 310 mil mdp anuales a sostenerlos

La comisión de Puntos Constitucionales, la cual tiene como principal objetivo dictaminar iniciativas en materia de reformas y adiciones a la Constitución; y la comisión de Salud de la Cámara de Diputados, votaron ayer que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. De esta manera, se garantizará el acceso universal a los servicios de salud y se elevará a rango constitucional las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como becas para estudiantes de escasos recursos. Se prevé que en conjunto, alcanzará un costo anual de 310 mil millones de pesos.

El artículo 4 de la Constitución establece que Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

De acuerdo con el proyecto de dictamen de la iniciativa presidencial y con el análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), tan solo la creación del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar tendrá un impacto de 95 mil 730 millones de pesos adicionales en el Presupuesto de Egresos.

Aunado a ello se suman 129 mil millones de pesos destinados actualmente a las pensiones para adultos mayores; 71 mil millones para becas en los diversos niveles escolares; y 14 mil millones en becas para personas con discapacidad. A continuación, de acuerdo con datos del CEFP, se detalla la división del presupuesto de la iniciativa de reforma al artículo 4.

De igual modo, las nuevas disposiciones constitucionales obligarán al gobierno a garantizar un apoyo económico a las personas con discapacidad permanente, dando prioridad a menores de 18 años, indígenas hasta la edad de 64 años y personas de muy bajos recursos.

Por otro lado, las personas mayores de 68 años tendrán derecho a una pensión no contributiva -no requieren de aportes para su otorgamiento- y, en el caso de los indígenas, la prestación se otorgará a partir de los 65 años de edad.