Ciudad de México. Entre las principales barreras arancelarias y no arancelarias que Estados Unidos ha señalado por parte de México destacan una serie de obstáculos que desde su punto de vista afectan el comercio bilateral. Desde retrasos en registros sanitarios para productos médicos y farmacéuticos, hasta restricciones que ve como injustificadas en la importación de maíz genéticamente modificado, glifosato y químicos agrícolas.
Asimismo, en el sector energético, señala medidas que priorizan a empresas estatales como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), junto con restricciones a la inversión extranjera en proyectos de energía renovable, desde su perspectiva, esto ha limitado la participación de empresas estadounidenses, evidenciando la necesidad de alinear las políticas mexicanas con los compromisos comerciales pactados.
Lo anterior fue revelado en la Estimación Nacional de Comercio (NTE) para 2025, un informe anual presentado en marzo pasado por La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que detalla las barreras comerciales que enfrentan los exportadores estadunidenses y las iniciativas para reducirlas.
Según un informe de la USTR sobre asuntos aduaneros, México sigue notificando con poca anticipación las modificaciones a sus procedimientos, muestra interpretaciones variables de los requisitos regulatorios en distintos cruces fronterizos y aplica de forma inconsistente las regulaciones y normas de etiquetado mexicanas.
Eliminar las barreras arancelarias de forma inmediata fue el compromiso que según Donald Trump, presidente de EU, aceptó el gobierno mexicano para retrasar 90 días la entrada de aranceles de 30 por ciento programados para este viernes 1 de agosto. El gobierno estadunidense no ha señalado exactamente cuáles serán, pero en marzo pasado ya había detallado cuáles eran esas barreras.
En ese reporte también señala que el T-MEC prohíbe establecer límites arbitrarios al número de puertos donde un agente aduanal puede operar. No obstante, el artículo 161 de la Ley Aduanera mexicana restringe a los agentes a operar en solo cuatro puertos si no están afiliados a una agencia aduanal. Estados Unidos insiste en que México reforme esta ley para permitir que los agentes trabajen en cualquier puerto donde puedan cumplir sus funciones.
En cuanto a la industria de dispositivos médicos, suministros y productos farmacéuticos, la USTR reporta que en México persisten demoras de entre 18 y 24 meses en la aprobación de registros sanitarios y permisos de importación, por lo que solicita reformas estructurales para agilizar sus exportaciones.
Sobre el glifosato, la USTR indica que México ha denegado permisos de importación para productos que contienen este compuesto sin ofrecer oportunidades para comentarios públicos, notificar a la Organización Mundial del Comercio o presentar evidencia científica que respalde dichas negativas. A pesar de esto, el glifosato sigue registrado para su uso en México.
Desde el 1 de enero de 2021, un decreto mexicano estableció la eliminación gradual del glifosato y productos que lo contienen, con fecha límite del 31 de enero de 2024. Este decreto también prohíbe el uso de glifosato en programas gubernamentales durante dicho periodo de eliminación.
Estados Unidos sigue presionando a México para que emita permisos de importación de glifosato y productos que lo contienen, argumentando que el compuesto sigue registrado para su uso en el país, según el informe.
En el sector de telecomunicaciones, el reporte destaca que, pese a las reformas de 2013 y 2014, los nuevos competidores aún enfrentan al proveedor dominante, que conserva casi el 70 por ciento del mercado y fue declarado agente económico preponderante por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto ha llevado a que el costo del espectro en México sea de los más altos en América Latina.
Finalmente, el informe menciona que desde diciembre de 2018, México ha promovido una política energética enfocada en fortalecer a las empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Las empresas privadas enfrentan obstáculos como demoras, rechazos injustificados o sin explicación, y falta de respuesta a solicitudes de nuevos permisos o modificaciones, lo que limita su participación efectiva en el sector energético mexicano.
