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Carlos Slim Helú afirmó que Teléfonos de México (Telmex) perdió su rentabilidad financiera hace una década, como resultado de una política regulatoria que eliminó el cobro de larga distancia y que obligó a Telmex a permitir que terceras empresas utilicen su red como insumo para comercializar sus propios paquetes de triple y cuádruple play.

«Telmex ya no es un negocio, pero no la vamos a vender (…) Ya les dije a mis hijos que no la pueden vender. No es un negocio ya, pero no la vamos a vender; tiene que ser mexicana», dijo Carlos Slim Helú este lunes.

Telmex registró en el tercer trimestre del 2023 su pérdida financiera más profunda desde el año 2017, con un total de 4,015 millones de pesos, unos 225.5 millones de dólares en ese periodo. «Y las pérdidas crecen porque nos han excluido de dar la convergencia», dijo el empresario.

Slim Helú sostuvo que la política regulatoria que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) le impuso a su grupo América Móvil desde marzo de 2014 «metió en números rojos a Telmex, que ni siquiera la puedo vender (…) tenemos perspectivas de que hasta 2040 se aliviarán las finanzas», por ello solicitó que esa autoridad disponga de una política regulatoria distinta para Telmex de la que aplica para Telcel, ambas pertenecientes a América Móvil.

Carlos Slim quiso decir así que en la próxima publicación de la política regulatoria revisada que el IFT dará a conocer en el mes de marzo, se establezca un criterio de regulación por servicio y no sólo por sector, con lo que pudiera cambiar el futuro de Telmex. La compañía tiene hoy 20.9 millones de suscriptores entre telefonía e Internet fijos, y en diez años de política regulatoria del IFT, sus competidores han logrado capturar 11 millones de clientes en banda ancha fija.

El IFT debe separar la telefonía fija de la telefonía móvil (…) Telmex ya tiene el 39% de participación del mercado fijo», comentó Slim Helú.

El comentario de Carlos Slim significaría una reescritura de la fracción XX del artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y otras adecuaciones a la política regulatoria del IFT que tratan sobre la imposición de medidas regulatorias para el agente económico preponderante en el sector de telecomunicaciones.

Tras la reforma constitucional de telecomunicaciones del año 2013, en México existe un agente económico preponderante en telecomunicaciones y otro en radiodifusión. Estos son los dos sectores que regula la reforma sectorial.

En el primero de esos dos sectores es América Móvil el grupo económico preponderante y el IFT le aplica una política particular, cuyo resultado ha provocado que Telcel mantenga el 60% de los usuarios móviles y el 70% de los ingresos celulares, en tanto que Telmex ha reducido su presencia del 70% al 39% del mercado nacional en banda ancha y telefonía fijas.

A la par, otras empresas como Izzi Telecom y Megacable se han expandido en el mercado fijo, incluso han sido declaradas como dominantes en televisión de paga en una docena de ciudades de toda la República. La TV de paga también es un segmento del sector de telecomunicaciones.

Este contexto animó al empresario Carlos Slim Helú a solicitar un cambio en la política delIFT para Telmex-Telnor/Telcel, la llamada regulación asimétrica.

“Telmex ya no es un negocio por el pasivo laboral y porque nos han excluido para dar la convergencia a nuestros clientes (…) A nuestros clientes no les podemos dar TV de paga, porque no nos han dado los permisos en los últimos cuatro gobiernos y esto impide la competencia, afectando al consumidor y esto es una falla de los gobiernos y del IFT”, dijo Carlos Slim.

En México, el año 2023 cerró con 24.3 millones de suscripciones al servicio de televisión de paga. Carlos Slim dijo que sería posible que Telmex pueda conseguir una participación de cinco millones a mediano plazo, si las autoridades conceden la concesión de televisión restringida a esa compañía.

«Hemos estado esperando pacientemente 20 años y hay como veinte millones de suscripciones, ¿cómo no vamos a querer mercado, cuando menos 5 millones», dijo el empresario en un contexto en que el presidente Andrés Manuel López Obrador empuja la desaparición del IFT, la autoridad, hasta ahora, única facultada en México para entregar concesiones de servicios de telecomunicaciones.

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