Hoy es 23 de Noviembre de 2024, Chihuahua, MX.

Ciudad de México. El Senado aprobó esta tarde en lo general la reforma al artículo 21 de la Constitución que otorga facultades de investigación de delitos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.

Con esta atribución se busca que la dependencia coadyuve con la Fiscalía General de la República en la pesquisa de los crímenes y el cumplimiento de ordenes de aprehensión.

La propuesta del ejecutivo avalada, plantea que esta dependencia se encargue de coordinar el Sistema Nacional de Inteligencia en materia de Seguridad Pública, y de liderar las acciones conjuntas entre los tres órdenes de gobierno a través de sus corporaciones, a quienes podrá solicitar la información necesaria para la identificación y esclarecimiento de hechos presuntamente constitutivos de delitos.

El documento propone crear el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual vigilará el debido ejercicio de los fondos de ayuda para la seguridad pública destinados entidades federativas y municipios.

Dicha instancia también podrá emitir acuerdos y lineamientos, y realizar las acciones necesarias para lograr “la homologación de estándares y criterios, así como una coordinación eficiente, transparente y responsable, en el ejercicio de las atribuciones concurrentes de los tres órdenes”. Todo ello en atención a los fines del Sistema y los objetivos de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Con el marco anterior, el ejecutivo considera que se sientan las bases para la renovación y el fortalecimiento estratégico de la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito federal, y para que funja como el agente articulador entre las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad.

Esto también, afirma, le permitirá “obtener conocimiento a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de los datos e información, con que cuente cada uno de los integrantes del Sistema, sobre las capacidades y vulnerabilidades de diversos actores de interés, con el fin de garantizar, mantener y restablecer, en su caso, el orden público y la seguridad ciudadana”.

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