Por la violencia, Guanajuato impone mando militar

El gobierno estatal abrió la puerta a la militarización de la seguridad: por primera vez, operará en la entidad un mando único coordinado por el Ejército. El jueves 14, dos días después de la más reciente ejecución múltiple en un bar de Irapuato y luego de consecutivos ataques contra policías en varios municipios, el gobierno del estado presentó el esquema al que se supeditarán por lo pronto cuatro municipios de las regiones Sur y Laja Bajío, asolados por el robo y trasiego de hidrocarburos.

Apaseo el Alto, Coroneo, Jerécuaro y Salamanca (este último, sede de la Refinería de Pemex Ing. Antonio M. Amor) acordaron formalizar la entrega del mando de policía a la Secretaría de Seguridad Pública estatal y al Ejército.

Al frente del Mando Único estará el general Juan Manuel Díaz Organitos, quien el 8 de agosto asumió la comandancia de la XVI Zona Militar procedente de la Comarca Lagunera, donde estuvo al frente del Mando Especial durante poco más de año y medio.

Los cuatro municipios fueron visitados por una comitiva en la que se incluyó al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera (antes titular de la procuraduría estatal de derechos humanos), al propio general Díaz Organitos y al secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, quien explicó que en el Grupo de Coordinación Guanajuato se determinó que las acciones operativas de los diferentes cuerpos de seguridad sean lideradas por la Secretaría de la Defensa Nacional, además de dictar las políticas públicas que seguirán las autoridades federales, estatales y municipales en la materia.

“El mando lo tendrá, como corporación, la Secretaría de Seguridad”, dijo Cabeza de Vaca, quien luego explicó que el modelo de Mando Único tendrá una variante: “En los acuerdos del gobernador con el Grupo de Coordinación se determinó que estarán efectivos de la fuerza estatal y municipal, comandados en una estrategia o liderazgo por mi general Juan Manuel Díaz Organitos o por el Ejército a través de él”.

El secretario aprovechó estas presentaciones para ofrecer como resultado del nuevo esquema “mejores condiciones de tranquilidad, de paz, que fomenten la libre convivencia”. Pero también hizo una invitación a utilizar el número 089 de denuncia anónima en estos términos: “Sabemos en Seguridad Pública que la población es nuestra guía, nuestro faro, nuestra luz; es la que nos puede estar indicando de situaciones relacionadas a delincuencia, a faltas administrativas, actividades sospechosas, para poderlas verificar”.

Con el séptimo lugar en la estadística nacional en homicidios dolosos en los primeros siete meses del año, Guanajuato escaló todos los lugares posibles y en el último reporte mensual quedó en la cima en cuanto a ejecuciones.

La percepción ciudadana sobre la violencia y la inseguridad tampoco ha dejado de incrementarse. En la encuesta de seguridad pública urbana más reciente, presentada en junio pasado, 78% de los habitantes de León (la ciudad más poblada del estado) dijo sentirse inseguro; es un porcentaje cuatro puntos mayor que la media nacional.

“La situación actual del estado es crítica y tenderá a ser aún más dolorosa para la población en las próximas semanas o meses… porque la federación no tiene entre sus prioridades que Guanajuato sea seguro, y por la incapacidad de las policías preventivas municipales y las fuerzas reactivas estatales y ministeriales”, dice en entrevista el exprocurador estatal y exsecretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, quien horas antes había exigido públicamente la renuncia del procurador guanajuatense, Carlos Zamarripa Aguirre.

Frente a la decisión de dejar en manos de los militares la estrategia y la coordinación operativa en la región Sur de Guanajuato, Alcántara Soria habla de ineficiencia, falta de profesionalización y corrupción en la Secretaría de Seguridad y la procuraduría estatales:
“En este momento los alcaldes y el estado no tienen con qué. Hay que partir de un sano realismo, no del cinismo, y decir que de manera subsidiaria y con la debilidad legal de que el Ejército entre a realizar las tareas de civiles, hay un bien mayor a cuidar: la integridad de los guanajuatenses ante el riesgo creciente. Eso es lo que justifica, aun en el derecho internacional, que el Ejército asuma el mando de la seguridad”.

Pero esta intervención tendrá que ser excepcional y limitada en tiempo, aclara, bajo un plan que determine plazos y zonas para la actuación de los militares, dadas las experiencias ya vividas en otras regiones del país:

“No es posible jurídica ni políticamente que se queden por tiempo indefinido y eso lo tendrán que saber bien el gobierno estatal y los municipios para trabajar hasta tener una policía acreditable, lo que podría lograrse en no menos de tres años. Y el Ejército se irá cuando tenga que irse.

“Esto debería de venir acompañado de una sanción política a quienes no supieron cumplir con una atribución legal y social que tienen”, dice el exprocurador, quien apunta a los tres niveles de gobierno.

Fuente: Proceso