Para el próximo año, las oficinas gubernamentales encargadas de la prevención y combate al blanqueo de capitales, tendrían una reducción en su presupuesto, respecto a lo aprobado para este 2024, lo cual podría afectar al país en el marco de una nueva evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025, para el próximo año la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, tendría un presupuesto de 163 millones de pesos, es decir, una reducción en términos reales de 19.7% respecto a lo aprobado para este año.
Asimismo, las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) encargadas de la investigación y combate a los delitos financieros, también tendrían una reducción marginal en su presupuesto. Según el PEF 2025, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero tendría una partida asignada de 46 millones de pesos, es decir una reducción real de 0.5% respecto a lo aprobado este 2024.
Por su parte, la Fiscalía Especial en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación y Alteración de Moneda y Fiscales de la FGR, tendría un presupuesto de 60 millones 860,659 pesos, es decir una disminución presupuestal de 0.3% respecto a lo aprobado este año.
Así, el presupuesto conjunto de estas tres unidades sería de 311 millones de pesos, es decir, una reducción anual de 13% en términos reales.
Para especialistas, esta disminución presupuestal en la lucha antilavado es una mala señal en un año donde México será evaluado por el GAFI sobre su régimen y actuación contra el blanqueo de capitales en el país.
“La reducción de presupuesto puede cuestionar la capacidad operativa de la UIF o de las Fiscalías adjuntas a la FGR, ya que el GAFI se preguntaría si se tienen los recursos suficientes para llevar a cabo sus funciones de forma efectiva… La calidad del cumplimiento de las 40 recomendaciones del GAFI son áreas clave para una evaluación aprobatoria”, detalló Sandra Flores, consultora independiente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (Pld-Ft).
Para Diana Edith Hernández Hernández, especialista en temas de cumplimiento de Pld-Ft, la revisión del GAFI sobre México es la continuidad de las evaluaciones anteriores al país, con el fin de saber en qué se ha avanzado y en dónde se tienen las deficiencias para combatir el lavado de dinero en el país, por lo cual una reducción presupuestal en áreas clave, pondría en riesgo una calificación aprobatoria.
“Una reducción presupuestal en este momento, en el que todas las miradas están en México sobre todo por el cambio del gobierno en Estados Unidos, sí es crítica, ya que México no está priorizando este tema y existe el miedo de que pongan a México en la lista gris porque Estados Unidos determine que los cárteles mexicanos son terroristas, es algo que tendría implicaciones tanto económicas como legales”, comentó Hernández Hernández.
Estancamiento a la vista
De acuerdo con la más reciente Evaluación Nacional de Riesgos, del 2019 al 2021 se identificaron recursos ilícitos en el país por 43,943 millones de pesos. Asimismo, en el indicador de riesgo del 2024 de lavado de dinero realizado por el Instituto de Gobernanza de Basilea, México se ubicó en el número 73, de 111, al igual que en el 2023, con una calificación de 5.44 —donde 10 significa mayor riesgo y 1 menor— cuando en el año anterior su evaluación fue de 5.21.
Para Hernández, el contexto de una menor reducción presupuestal y un estancamiento en la lucha antilavado obligaría a la UIF a innovar en el uso de tecnología para analizar grandes volúmenes de datos, así como a una mayor coordinación con la FGR para llevar con éxito sus investigaciones.
