La consulta es “mero populismo”: juristas. Legalmente sí se puede enjuiciar a expresidentes, dicen

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no esperó a que los ciudadanos presentaran sus 1.8 millones de firmas recolectadas y él mismo envió un documento que preparó junto con su Consejería Jurídica para solicitar la consulta popular a los expresidentes.

Aunque en el documento insiste en que está en contra de la acción, enlistó las piedras que cargan los expresidentes de lo que él llama “periodo neoliberal” y que abarca los años 1988-2018, cuyos gobiernos fueron emanados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Los nombres de los seis hombres que gobernaron México en esos años sin duda causan agrura a más de uno; son referente de sufrimiento y coraje por la manera en cómo manejaron el poder y se llevaron en el ruedo a millones de personas, de familias completas.

Sin embargo queda la duda: si hay razones para que los expresidentes enfrenten causas penales, ¿por qué consultarlo?, ¿por qué no hacerlo y ya?

Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) especialista en derecho público y política judicial, explicó en entrevista con este medio, que hay dos vías para iniciar las consultas populares. Una, con recopilación de firmas ciudadanas validadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral (TEPJF), y segunda, que el Presidente de la República envíe la propuesta al Congreso y sea aprobada por la mayoría de las dos Cámaras.

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Pero, aclaró, en ambas vías la pregunta o las preguntas de las consultas populares pasan necesariamente por la revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual, “si se toma en serio la Constitución y precedentes de otras consultas, debe declarar la pregunta planteada como inconstitucional”.

Miguel Carbonell, director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, dijo que dado que ningún expresidente de la República tiene fuero, no existe impedimento alguno para ya juzgarlos si se aportan pruebas de alguna ilegalidad que hayan cometido. “Hacer consultas para aplicar la ley es populismo. Mero populismo y nada más”, consideró.

Además, la redacción de la pregunta que se sometería a consulta es inconstitucional, porque podría generar “un peligroso precedente de impunidad” y viola nuestra Carta Magna, alertó.

El único expresidente que reaccionó al documento fue Felipe Calderón Hinojosa, quien acusó que la petición de consulta ciudadana sobre juicio a expresidentes es “un acto corruptor de la justicia” porque presionaba a fiscales y juzgadores ante la opinión pública. La calificó de una “persecución política”, así como violatoria de garantías elementales como la presunción de inocencia, debido proceso legal, investigación exclusiva del ministerio público e incluso protección a la vida, honra y dignidad.

“Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el Fiscal, sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga. Debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano”, tuiteó el expanista.

“Constituye un acto corruptor de la justicia, pues ejerce una presión abrumadora e indebida sobre fiscales y juzgadores, a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política y de abuso de poder. Está confundiendo la República con un Circo Romano: en lugar de acudir con pruebas a la Fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia”, escribió.

El otro expresidente aludido que tiene redes sociales, Vicente Fox Quesada, decidió no realizar un comentario público.

Abogados manifestaron a lo largo del día por qué la SCJN no debería validar la pregunta planteada por el Poder Ejecutivo. Los ministros tienen 20 días para decidirlo.

En este sentido, Martín Reyes agregó que el Artículo 35 constitucional señala que no pueden ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos ni las garantías para su protección. Sobre ello, la justificación del Presidente Andrés Manuel López Obrador “tiene el propósito central de llevar a un cauce legal claro un asunto de interés general” para posibilitar juicios.

Pero “todos los procesos penales tienen como finalidad la salvaguarda de los derechos. Por una parte están los derechos de las víctimas afectadas por la comisión de probables delitos y por el otro lado está la protección de los derechos de las personas imputadas. Estamos dejando en manos de la mayoría la decisión sobre si vamos a proteger o no esos derechos”, planteó Reyes, quien agregó que no se necesita hacer una consulta popular para seguir procedimientos penales en contra de los expresidentes, si la Fiscalía General o estatales consideran que hay elementos suficientes para investigar y, eventualmente, los jueces penales sancionen.

El analista político José Antonio Crespo dijo que la solicitud de consulta refleja “un profundo desconocimiento del Estado de Derecho”; el abogado Alejandro Jiménez coincidió en que es inconstitucional, pero que sin duda deja expuesto que la procuración de justicia es “la responsable de la falta de legitimidad democrática” de nuestro sistema penal, por lo que este ejercicio, al menos, permitiría que la población tenga interés en un proceso penal y el actuar de los fiscales, defensores, jueces y la SCJN.

“Nuestra generación va a condenar a la siguiente si no nos apropiamos de los municipios, la seguridad y la justicia. Cada que un Ministerio Público inventa una flagrancia, acusa a un inocente, construye pruebas para acreditar hechos que no ocurrieron, lo hace a nombre de la sociedad. Y no nos importa, porque no nos sentimos responsables de lo que las fiscalías hagan o dejen de hacer”, escribió.

Sobre ello, el académico de la Universidad Autónoma de Querétaro Alonso Campos, especialista en derecho penal, consideró que sería mejor si entendiéramos que la procuración de justicia es un asunto que atañe a toda la sociedad, no solo al Gobierno y a las víctimas.

Fuente: Sin Embargo