El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, arremetió este lunes contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por “querer quitar” la prisión preventiva en nuestro tema.
López Obrador aseveró que los ministros de la Corte ahora “resultaron internacionalistas” y los acusó de querer tirar “a la basura” la Constitución mexicana con tal de hacer caso a los convenios internacionales suscritos.
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“Ahora quieren quitar la prisión preventiva, de repente resultaron internacionalistas los ministros y dicen ‘es que aunque está en la Constitución nuestra en las resoluciones de la Comisión Interamericana de los Derechos humanos de la OEA dicen que no debe de existir la prisión preventiva’, y como México tiene establecidos convenios internacionales, la Constitución nuestra a la basura. Es una de las cosas que están ahorita resolviendo”, dijo.
El mandatario mexicano detalló que también en la Suprema Corte se han visto “cuestiones gravísimas”, como el hecho de que dos ministros hayan declarado inconstitucional la reforma eléctrica realizada en el actual sexenio.
“Dos ministros cancelan la ley eléctrica aprobada por la Cámara de Diputados, los senadores, enviada por el Poder Ejecutivo. Sí es importante seguir tratando este asunto porque es como un ambiente, es una práctica que se arraigó, y esto tiene que llevar a una reforma profunda, que incluso tome en cuenta planes de estudio de las escuelas de derecho”, indicó.
En abril de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Gobierno de México por el uso de la prisión preventiva oficiosa y le ordenó adecuar su ordenamiento jurídico para hacerlo compatible con la Convención Americana.
Mediante la sentencia por el Caso García Rodríguez y otro vs México la CIDH sostiene que México deberá adecuar a estándares internacionales su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.
Derivado del análisis del caso la Corte Interamericana encontró al Estado de México responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que estuvieron detenidos.
Se confirmaron violaciones a los derechos a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable.
El caso se refiere a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, quienes fueron acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés.
García y Alpízar permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos. En 2022 fueron condenados a 35 años de cárcel, sentencia que está en apelación.
