La Cámara Minera de México (Camimex) advirtió que si el Congreso de la Unión prohíbe la minería a cielo abierto, esta industria tendrá “consecuencias devastadoras”.
En un comunicado de prensa, la Camimex destacó el “grave riesgo” que existe por la aprobación en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Iniciativa de Reforma Constitucional que pretende prohibir la minería a cielo abierto.
“De ser aprobada en ambas Cámaras, tendrá consecuencias devastadoras para el desarrollo y estabilidad económica de México. Esta acción limitaría la capacidad de nuestro país para transformar sus recursos naturales en oportunidades de desarrollo e impulsar la transición hacia energías limpias, elevando costos y afectando la competitividad”, argumentó.
Los minerales mexicanos son esenciales en más de 70 industrias, como la electromovilidad, automotriz, siderúrgica, construcción, química, médica, entre otras.
De acuerdo con la Camimex, 60% del valor de la producción minero-metalúrgica nacional proviene de minas a cielo abierto y, de continuar con la reforma constitucional en su forma actual sobre la industria minera, se generaría una posible contracción económica por 250,000 millones de pesos anuales (-1% del PIB nacional).
El valor de la producción minero-metalúrgica fue de 261,061 millones de pesos en 2023, una baja de 17.6% interanual.
Por lo pronto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas para prohibir la minería a cielo abierto y el fracking, así como para restringir el uso del maíz genéticamente modificado.
Pero no será hasta septiembre que estas reformas constitucionales se discutan, ya con la nueva legislatura, donde Morena y sus partidos aliados tienen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi también (les faltan dos curules) en el Senado.
En el caso del fracking y la minería a cielo abierto, los legisladores dejaron abierta la posibilidad de firmar contratos y otorgar concesiones “en los casos que excepcionalmente determine el Ejecutivo Federal a través del comité que señale la ley, por su carácter estratégico para el desarrollo nacional”.
Desde la perspectiva de la Camimex, la aprobación de esta reforma constitucional implicaría un segundo golpe a la industria, pues considera que la nueva Ley Minera que entró en vigor el año pasado ha reducido las inversiones en México.
La nueva Ley Minera permite que particulares puedan proporcionar información a la Secretaría de Economía sobre existencia de minerales o sustancias en un lote no asignado o concesionado, para que ésta determine la conveniencia de ordenar la exploración al Servicio Geológico Mexicano (SGM), y éste pueda celebrar un convenio de colaboración con los particulares para realizar la exploración.
Para la Camimex, esto es particularmente grave porque el único agente que estará en posibilidades de realizar exploración para la identificación de nuevos yacimientos minerales es el SGM.
También la nueva Ley Minera cambia el esquema de la obtención de concesiones mineras, ya que se otorgarán sólo para explotación mediante concursos públicos (licitaciones) que realice la Secretaría de Economía. Por otra parte, la duración de la concesión para explotación de minas disminuye de 50 a 30 años. Puede haber una prórroga por otros 25 años más. Es decir, serán concesiones de 55 años como máximo.
Según un análisis de la Camimex, de continuar con la reforma en su forma actual, “con el tiempo” existe el riesgo de perder más de 1 millón de empleos formales; comprometer más de 30,000 millones de pesos en diversas aportaciones fiscales para el erario público federal; y eliminar la condición de México como productor de minerales, convirtiéndolo en importador. Estas importaciones crecerían en 132% provocando un déficit en la balanza comercial de 93,000 millones de pesos.
“La minería a cielo abierto no debe prohibirse, sino fomentarse para consolidar la posición de México como productor de minerales esenciales. Es una actividad seria que se practica en el mundo, operarla de forma responsable y segura es deber de todos los grupos de interés. No se debe penalizar a la industria responsable, ni limitar la competitividad del país”, dijo la Camimex.
Según un análisis de la Cámara, de continuar con la Reforma en su forma actual, “con el tiempo” existe el riesgo de:
- Perder más de 1 millón de empleos formales.
- Impacto a los índices de desarrollo de más de 690 comunidades mineras (rurales), los cuales se ubican muy por arriba de la media nacional.
- Comprometer más de 30,000 millones de pesos en diversas aportaciones fiscales para el erario público.
- Generar una posible contracción económica por 250,000 millones de pesos anuales (-1% del PIB nacional)
- Eliminar la condición de México como productor de minerales, convirtiéndolo en importador. Estas importaciones crecerían 132% provocando un déficit en la balanza comercial de 93,000 millones de pesos.
- Restringir el papel de México como productor de 9 minerales críticos para la región de Norteamérica dentro del marco de la transición energética. EU y Canadá permiten y regulan la minería a cielo abierto.
- Desalentar la minería formal y persistir las operaciones mineras informales, que carecen de estándares de seguridad y medioambientales.
“La minería a cielo abierto no debe prohibirse, sino fomentarse para consolidar la posición de México como productor de minerales esenciales. Es una actividad seria que se practica en el mundo, operarla de forma responsable y segura es deber de todos los grupos de interés. No se debe penalizar a la industria responsable, ni limitar la competitividad del país”, dijo la Camimex.
La Cámara reiteró su permanente disposición para participar en un diálogo constructivo con el Ejecutivo Federal, todas las autoridades y partes interesadas, para encontrar soluciones que contribuyan a un desarrollo ambiental, social y económico justo.
