Ciudad de México. Las empresas de Ricardo Salinas Pliego usan el Poder Judicial, en concreto el de la Ciudad de México, para mantener congeladas de manera indefinida sus deudas con privados, acusaron los fondos de inversión estadunidenses Capital Partners y Contrarian Capital Partners, que mantienen un arbitraje internacional contra el Estado mexicano por al menos 500 millones de dólares que TV Azteca les debe.
Los fondos de inversión, que desde 2023 iniciaron el proceso legal contra México para reclamar lo que TvAzteca les debe, buscan “un canal de comunicación de alto nivel y efectivo con el gobierno mexicano para ser escuchados y explorar un acuerdo que garantice una solución a esta disputa”, provocada por “el mismo multimillonario mexicano cuyas empresas también deben una cantidad masiva de impuestos no pagados al Estado mexicano”, enfatizó Katherine P. Padgett, asesora legal de los fondos demandantes.
“Consideramos que no es del interés de México gastar los recursos de los contribuyentes en una acción que se lee como defensa de acciones ilegítimas de tribunales mexicanos que han protegido indebidamente a un multimillonario mexicano (Ricardo Salinas Pliego) y sus empresas de tener que pagar obligaciones legales de deuda”, agregó Padgett, de la firma Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.
Desde agosto de 2023 el Estado mexicano enfrenta un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. El caso se remonta a 2017 cuando TvAzteca emitió bonos para financiarse. Sin embargo dejó de pagarlos y en 2022, dos años después de que inició la pandemia de coronavirus, la televisora de Salinas Pliego obtuvo vía el Poder Judicial de la Ciudad de México una prórroga –que hasta ahora se mantiene– para no cumplir con las obligaciones que tiene con inversionistas extranjeros.
De acuerdo con la firma legal que asesora a los inversionistas, en 2022 “TV Azteca inició secretamente un proceso ante el Sexagésimo Tercer Juzgado Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, presidido por el juez Miguel Ángel Robles Villegas, solicitando que declarara que la pandemia del covid-19 constituía un caso de fuerza mayor que impedía a TV Azteca cumplir con sus obligaciones y pagar sus deudas a los inversionistas”.
Robles Villegas –juzgador cuyo cargo concluye este 30 de septiembre– otorgó la medida a TvAzteca “sin conceder audiencia ni notificar” a los inversionistas; y se suspendió el pago hasta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia, acusa la firma legal. El 5 de mayo de 2023 el organismo sólo anunció el fin de la emergencia, pero no el fin de la pandemia.
De hecho, la OMS no ha declarado como tal “el fin de una pandemia”. En el caso de la AH1N1 que brotó en México sólo se anunció en agosto de 2010 que se había iniciado la fase pospandémica. En otros casos como el virus de la inmunodeficiencia humana, reconocido como una enfermedad global en 1987, no ha habido una declaratoria de su fin porque, aún con una menor letalidad, sigue en curso.
El fin de la emergencia sirvió para que, cuando los prestamistas se acercaron a reclamar sus fondos, el mismo tribunal argumentara que “sólo se declararon terminadas las acciones extraordinarias, pero todavía hay casos del virus covid-19”, lo que ha mantenido suspendidas las obligaciones de TV Azteca, la misma empresa cuyo dueño, Salinas Pliego, se opuso al confinamiento en reiteradas ocasiones.
“No más encierro, no más bozal”, hasta que el coronavirus que provocó la pandemia era de “baja letalidad”, arengó Salinas Pliego en diciembre de 2020, antes de la mayor ola de muertes por covid-19 en México, registrada entre enero y febrero de 2021. Sin embargo, la misma pandemia fue el argumento con el que el juzgado a cargo de Robles Villegas respaldó a la televisora de Grupo Salinas, cuyas empresas se encuentran también empantanadas en deudas con el fisco, según lo reportado por el Servicio de Administración Tributaria.
El mismo juez Robles Villegas otorgó el 9 de mayo de 2023 otra medida cautelar solicitada por TV Azteca, para que ésta no cumpliera con sus obligaciones como empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores de reportar información financiera al público. Con ello la empresa se blindó de dar información sobre su desempeño financiero real y le permitió “continuar fingiendo que ha sufrido dificultades debido a la pandemia de covid-19”, acusan los asesores legales de Capital Partners y Contrarian Capital Partners.
En un tribunal de apelaciones, el 30 de enero de 2024 se respaldó la medida cautelar hasta que TV Azteca notifique a los 35 acusados, “lo que evidentemente no ha sucedido ni sucederá” porque la empresa no tiene incentivos para hacerlo, lo que provoca una protección “permanentemente” para que la empresa no cumpla con sus obligaciones financieras, enfatiza Akin.
En este contexto, la representante de los inversionistas que recurrieron al CIADI bajo el T-MEC aseguran que “el arbitraje busca reparación por la manipulación abusiva de TV Azteca de los tribunales mexicanos para obstruir la recuperación legítima de 500 millones de dólares por parte de los inversionistas estadounidenses, una cantidad que continúa aumentando porque aún hoy TV Azteca permanece protegida de responsabilidad debido a las acciones indebidas de los tribunales mexicanos locales”.
La firma agregó que busca reunirse con representantes del gobierno federal para dirimir esta situación, pero hasta ahora no han tenido respuesta, mientras tanto se lleva a cabo “una defensa de alto perfil de los mismos problemas de corrupción y favoritismo en los tribunales mexicanos que esta administración se ha comprometido a combatir”.
“No creemos que sea del interés del gobierno de México utilizar sus propios recursos presupuestarios para defender una demanda que intenta justificar acciones del Poder Judicial que protegen ilegalmente a las empresas del Grupo Salinas, además de la incertidumbre que conlleva cualquier litigio de esta naturaleza”, sostuvo la firma legal Akin.
