El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral (ANIE) hizo un llamado al diálogo a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que en la previa tres de ellos pidieran la renuncia de su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón.
En un comunicado difundido este viernes, la ANIE manifestó su preocupación ante “frente a las actuaciones expresadas en sesión pública de la magistrada (Mónica) Soto y de los magistrados (Felipe) Fuentes y (Felipe) De la Mata en su intento por remover de la presidencial al magistrado Reyes Rodríguez”.
“El costo que esto representa tiene un impacto directo en la estabilidad institucional del Tribunal Electoral en momentos donde lo que está en juego es la elección más grande de la historia del país”, indicó la ANIE.
Hacemos un llamado al diálogo a magistradas y magistrados instándolos a privilegiar la estabilidad institucional del TEPJF, y la certeza del proceso electoral en curso”, se lee en el posicionamiento
Indicaron que el intento de remover al presidente del Tribunal Electoral en un Pleno incompleto, “violenta la gobernabilidad del órgano garante y mina la credibilidad y legitimidad del TEPJF como árbitro imparcial en la resolución de conflictos electorales y pone en riesgo la integridad del proceso electoral”.
Las organizaciones que integran la ANIE hicieron un llamado a preservar la estabilidad institucional del Tribunal Electoral y promover el diálogo constructivo.
“Expresamos nuestra profunda preocupación por las recientes actuaciones en sesión pública, donde se discutió la remoción del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón”, subrayaron.
Por último, la ANIE explicó que en la Ley Orgánica del TEPJF no señala ninguna atribución para que por su Pleno acuerde la destitución o remoción de su Presidencia.
“Esta red exhorta a las magistraturas a conducirse bajo los principios de justicia (de contradicción, idoneidad, autenticidad y transparencia) respetando los marcos jurídicos que norman sus funciones”, se dejó en claro.
El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral es un esfuerzo colaborativo entre instituciones y sociedad civil para monitorear el desarrollo apegado a la ley de los comicios electorales de 2024.
Entre los firmantes de dicho acuerdo se encuentran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistraturas y tribunales electorales locales, así como 26 organizaciones.
