Inconsistencias no invalidan informe de la ASF; Ejecutivo obligado a aclarar el fin de más de 67 mmdp en 2019: Verónica Juárez

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, aseguró que la ley contempla procedimientos para subsanar eventuales inconsistencias en auditorías, pero éstas no invalidan los informes, por lo que Ejecutivo Federal está obligado a aclarar qué pasó con el ejercicio irregular de más de 67 mil millones de pesos en 2019.

En un comunicado, precisó que de acuerdo con la Ley de Fiscalización, en aquellos casos en que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados detecte errores en el Informe General de la Cuenta Pública o bien considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes, así como la comparecencia del titular o de otros servidores públicos de la misma las ocasiones que considere necesarias, a fin de realizar las aclaraciones correspondientes.

“Sin que ello implique la reapertura del Informe General. Es decir que el informe o los informes que realice la ASF y que entregue a la Cámara de Diputados ya no pueden ser abiertos. La Comisión podrá formular recomendaciones a la Auditoría, las cuales serán incluidas en las conclusiones sobre el Informe General”, precisó.

De esta manera, dijo, “el proceso de revisión se encuentra debidamente sustentado, entre otros, en los artículos 44, 45 y 81 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”.

La ley establece que el Informe de la ASF debe ser turnado a la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la que a través de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Comisión de Vigilancia es la encargada de emitir las opiniones con relación al trabajo de la ASF.

De dicha revisión, la UEC emite opiniones a la Comisión, la cual debe emitir un dictamen, que a su vez es llevado al Pleno para, en su caso, aprobar o reprobar la Cuenta Pública del Ejecutivo Federal.

Juárez Piña puntualizó además que la ley también establece que durante el proceso de revisión a las dependencias o entes auditados la ASF puede tener reuniones de trabajo con los responsables de las mismas y requerir la información necesaria; en el caso particular del NAIM, las sostuvieron con los responsables de varias dependencias, como las secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes.

“Si estas reuniones se llevaron a cabo como lo permite la ley y el procedimiento necesariamente se debió de haber tocado el tema de las metodologías y técnicas utilizadas, por lo que las diferencias entre conceptos, definiciones, metodologías y técnicas debieron de haberse hecho patentes, y en caso de no haber llegado a una homologación de criterios, se debió de haber mantenido el criterio de los Auditores de la ASF, con las “anotaciones y los pies de página correspondientes más aún si la Auditoría referida no era de carácter financiero o de cumplimiento”, puntualizó.

Es decir, resaltó, “siempre existe una confronta con el ente auditado antes de entregar el Informe Final, por lo que en su caso los entes auditados ya sabían cómo venían los resultados y no lo mencionaron en la confronta. De lo contrario, si estas reuniones no se llevaron a cabo es igualmente irregular, ya que se violentaron los principios básicos de auditoría.

Señaló que todos los resultados de las auditorías son revisados por el titular de la ASF, quien al final es el encargado de validar el proceso y los resultados. En este sentido, el Auditor Superior validó el resultado final sobre el costo de cancelación del NAIM.

Apuntó que, con base en estas consideraciones, en la reunión de trabajo de este día el auditor “debe explicar la autorización del comunicado en el que el Auditor Especial reconoce errores e imprecisiones en sus resultados debido a errores metodológicos, o en su defecto debe precisar si el Auditor Especial se atrevió a emitir un comunicado sin el conocimiento y aprobación de su superior jerárquico”.

Juárez Piña advirtió que el Presidente “se equivoca al solicitar a la Cámara de Diputados que se investigue sobre la actuación de la ASF, con relación a la revisión de la Cuenta Pública 2019. Al hacer un llamado a la Cámara de Diputados, transgrede la división y el equilibrio de poderes, ya que el proceso de fiscalización del gasto público es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados”.