Entregar la concesión no basta. Familias de mineros piden castigo a Grupo México y a Gómez Urrutia

A 14 años de la explosión en Pasta de Conchos, en Coahuila, las familias de los 65 mineros que murieron siguen exigiendo justicia y buscan que Grupo México, aún propietario de la mina, reciba sanciones, pues aseguran que sólo ha velado por sus intereses a costa del bienestar de sus trabajadores.

Grupo México anunció ayer que entregará al Gobierno federal la concesión “El Olivo”, lugar donde se ubica la mina Pasta de Conchos, para que se reanuden las búsquedas, como prometió hace un año el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero para familias afectadas la decisión sólo muestra que la empresa de Germán Larrea “sigue actuando como lo ha hecho por años, lo está haciendo en contra de los mineros y a favor de la extracción del carbón”, dijo Cristina Auerbach Benavides, integrante de la organización Familia Pasta de Conchos, durante una protesta frente al Antimonumento a los fallecidos colocado en Paseo de la Reforma, Ciudad de México.

La defensora de derechos humanos explicó que desde 2013 la concesión se dividió en cuatro lotes, por lo que ceder al “El Olivo”, que ya no opera, Grupo México “está viendo la oportunidad de entregar un pedazo a cambio de quedarse con todo el yacimiento de carbón y seguir operando sin garantizar la seguridad de sus trabajadores. Por eso las familias exigimos que entregue toda la concesión”.

En noviembre de 2007 la Secretaría de Economía le suspendió los derechos a Grupo México para la extracción de carbón en San Juan de Sabinas, sin embargo, durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto la empresa hizo la división de lotes y siguió operando.

A las sanciones a Grupo México, que decidió frenar las búsquedas en abril de 2007 cuando se sólo se habían rescatado los cuerpos de dos trabajadores, se suma la principal exigencia de las familias que es hallar los restos de los 65 mineros que quedaron atrapados en la explosión por acumulación de gas metano en la mina 8 de la Unidad Pasta de Conchos, que se agravó por las condiciones deplorables de seguridad.

Uno de los mineros era Mauro Antonio Sánchez Rocha, quien llevaba tres años trabajando en el lugar. “Para nosotros como su familia es increíble saber que su cuerpo sigue ahí, bajo la tierra, y que no podamos darle la sepultura que merece después de tanto años”, comentó a SinEmbargo Diego Armando Sánchez Vélez, su sobrino.

El 19 de febrero de 2006, el día de la explosión, la familia de Mauro lo vio partir a la mina y nunca esperó que no volvería, aunque antes otros trabajadores ya sospechaban que un incidente así podría ocurrir. “La mina no estaba en buenas condiciones, eso comentaban mi tío, mi hermano y mi papá, que ya habían trabajado ahí”, recordó.

A 14 años, Diego Sánchez sigue acompañando la lucha de las más de mil víctimas indirectas de la explosión, hace 12 que comenzó a trabajar en una mina de Paláu y aunque reconoce que gracias a las exigencias se ha logrado que las empresas pongan más atención en las condiciones de seguridad, su actuar sigue siendo insuficiente. “Por eso queremos justicia por mi tío y los amigos que perdimos ese día, así lo que logremos será también para los otros mineros”.

En ello coincidió la defensora Auerbach Benavides y opinó que la lucha de Pastas de Conchos “enciende una gran luz para otros casos” porque evidencia las malas condiciones de trabajo de los mineros de todas las areas, cuya salud se deteriora por las altas cargas de trabajo.

Fuente: Sin Embargo