La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante el primer año de la ministra Norma Lucía Piña Hernández como presidenta del máximo tribunal del país, se aprovecharon todos los recursos institucionales, “de manera responsable y bajo los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honradez, austeridad, racionalidad y rendición de cuentas”.
En un comunicado, la Suprema Corte indicó que a partir de enero del presente año, con la nueva administración de la SCJN, “se inició un proceso de rediseño institucional, con la implementación de un modelo de gestión basado en resultados, y un enfoque de planeación estratégica, que vincula las funciones administrativa y jurisdiccional”
Lo anterior se hizo a través de la disciplina presupuestal; la racionalidad, eficiencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos; la apertura, transparencia y competitividad en procesos de adquisiciones y contrataciones públicas; cero tolerancia frente a casos de hostigamiento laboral y acoso sexual; y, el establecimiento de un sistema robusto de control interno institucional, entre otras”.
Impulso al fortalecimiento institucional en la Suprema Corte
Como parte del fortalecimiento de la Suprema Corte, durante 2023 se impulsó la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de planes y programas de trabajo; la observancia de las disposiciones jurídicas aplicables y la salvaguarda de los recursos económicos, humanos, físicos, financieros y documentales institucionales, en un ambiente ético, de calidad, mejora continua y de cumplimiento de la ley, lo que constituye los cimientos de un modelo de gestión orientado a resultados y que brinda soporte a las actividades sustantivas de este Alto Tribunal.
Con la finalidad de identificar, administrar y mitigar riesgos, a partir de este año la Suprema Corte trabaja en la implementación de un Sistema de Control Interno Institucional integral, estructurado con base en supervisión y mejora continua; información y comunicación; actividades de control; evaluación de riesgos; y ambiente de control; cinco componentes que incluye a las áreas sustantivas que, históricamente, se mantenían al margen de los esfuerzos de mejora previstas para áreas administrativas.
Ejercicio presupuestal 2023 y política de racionalidad
Durante el ejercicio fiscal 2023, la Cámara de Diputados autorizó a La Corte, un presupuesto de 5 mil 630.5 millones de pesos, a fin de garantizar la operación del Alto Tribunal y financiar prioridades institucionales.
Al respecto, en el marco del Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las Medidas de Racionalidad, Austeridad, Disciplina Presupuestal y Modernización de la Gestión del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte estableció un compromiso de ahorro por 52.8 millones de pesos.
Con información de López-Dóriga Digital
