La proliferación de empresas de seguridad privada ilegales en América Latina ha alcanzado niveles alarmantes, constituyendo un verdadero “cáncer” en el sector, consideró Gabriel Bernal Gómez, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP).
Bernal enfatizó que los clientes deben dejar de exigir servicios de calidad a precios bajos, ya que esta demanda fomenta “un caldo de cultivo” para la aparición de compañías irregulares que pueden estar, incluso, vinculadas a actividades delictivas.
En México, acotó, “pugnamos por una regulación efectiva. Queremos que nos regulen con cancha pareja para evitar la proliferación de empresas informales, las cuales representan más del 80% de las empresas del sector”.
También aseguró que no estén en contra de que esto suceda, “pero si pedimos una regulación justa, donde quienes estemos cumpliendo con la federación, quizás tendríamos que ir a los estados a reportar que aquí estamos, que somos coadyuvantes y que tenemos supervisión federal y que este sea suficiente para trabajar en los demás estados, incluso creo que esa es una de las bases de la ley que nosotros estamos buscando”.
Por otro lado, durante una conferencia de prensa, Bernal Gómez y Daniel Espinosa Ávila, vicepresidente de AMESP, subrayaron que la falta de regulación en la actualidad, además de los problemas de ilegalidad, ha generado una carga burocrática excesiva para las empresas del sector.
“No conozco, al menos no lo sé, un sector en este país que esté tan regulado como el de nosotros por tantas instituciones, porque repito, para trabajar en todo el país, una empresa miembro de AMESP (…) necesitamos más de 50 permisos”, aseguró el presidente de la Asociación.
Destacaron la necesidad de una nueva ley federal que establezca un marco claro y actualizado para la seguridad privada, permitiendo una operación más eficiente y facilitando la colaboración con las autoridades estatales y locales.
El presidente de AMESP, indicó que la última ley relevante tiene más de 14 años lo que, en su opinión, la hace inadecuada para las necesidades contemporáneas del sector. Además, enfatizó que la seguridad privada abarca más que sólo guardias.
“Nosotros al ser 800,000 personas, pues somos 1 millón 600,000 ojos más, y si coadyuváramos con la seguridad pública, tenemos cámaras, tenemos patrullas, tenemos tecnología, tenemos todo. Entonces la idea de una nueva ley es converger con la seguridad pública y privada y no decir el problema es tuyo o el problema es mío, el problema es de ambos, cada quien en su ámbito diferente, pero el problema de la seguridad pues es un problema nacional”, detalló.
“Debemos dejar de pensar que el gobierno es el único responsable en la modernización de la regulación. Las empresas que contratan seguridad privada deben entender que no pueden tener servicios de calidad con personal calificado pagando poco. Gobierno, empresas del sector y clientes contratantes debemos jalar para el mismo lado con el fin de fortalecer un marco legal justo, profesional y transparente. No es posible pagar menos y obtener servicios de calidad”, dijo Bernal Gómez.
Reconocimiento
Daniel Espinosa, vicepresidente de AMESP, también mencionó la importancia de que las autoridades reconozcan a los elementos de seguridad privada como colaboradores clave en la seguridad pública.
“Tenemos que trabajar, para que (los trabajadores) tengan salarios dignos, horarios dignos, uniformes dignos, que sean estén contentos de trabajar en su labor”, destacó.
Además, dijo que desde AMESP, han empujado “mucho para que, precisamente, esto que nosotros llamamos empresas patito, pues una de dos, o se regulen, se unan a la regulación y cumplan, o dos desaparezcan”.
Bernal Ávila citó el caso de Chihuahua como un ejemplo exitoso de regulación y cooperación, donde el gobierno local otorga premios a las empresas que cumplen con los estándares más altos.
