La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que el gobierno mexiquense nunca obtuvo concesión federal para disponer del dominio del llamado Viaducto Bicentenario, una vía de comunicación federal, que es considerada propiedad de la Nación, lo anterior luego de conocer que el juez Daniel ramírez Peña, cometió una «injusticia» y «llegó a un extremo verdaderamente inconcebible, ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos» con los cuales se imputaría la comisión de delitos a cuatro ex funcionarios de esa entidad «emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano».
Como lo informó La Jornada, el pasado mes de enero faltaron a la audiencia en la que se les imputarían delitos, cuatro ex funcionarios del gobierno mexiquense y representantes de la empresa Obrascón Huarte Lain (OHL), ahora Aleatica, por ser presuntos responsables de los delitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones públicas y explotación de un bien de la nación.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción (FECC) determinaron que las autoridades mexiquenses durante el gobierno de Enrique Peña Nieto otorgaron de manera ilegal la explotación de la concesión de un tramo carretero, en este caso del llamado Circuito Bicentenario de 22 kilómetros de longitud.
Tras conocer el resultado de la audiencia iniciada ayer y que concluyó este miércoles, la FGR dio a conocer que la concesión que el Estado de México «otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V., en el año de 2008, fue absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula; cometiéndose el delito de Explotación de un bien de la Nación, sancionado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales».
«Ese acto delictivo le permitió a un particular, el saqueo de más de 8 mil millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiéndole el 99.5 por ciento de los ingresos totales, de esa vía federal; compartiendo con el gobierno del Estado de México 42 millones de pesos, equivalente al 0.5 por ciento; sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación».
El Ministerio Público Federal explicó que «desde agosto de 2011, y nuevamente en marzo de 2020, la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes) señaló esta ilegalidad y la presunción del delito federal correspondiente», y detalló que este caso no es de carácter «administrativo, ni civil; ya que está penado específicamente como delito, independientemente de toda la serie de actos y convenios fraudulentos que se han venido realizando para encubrir dicho delito».
Respecto del juez Daniel Ramírez Peña, la FGR mencionó que solicitó su recusación para conocer del expediente «por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto; y, por lo tanto, se le iniciará el juicio correspondiente, independientemente de los recursos que la ley permite», y aseguró que «iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a este nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación».
