En reunión de junta directiva de las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, el diputado Julio César Moreno Rivera (Morena) propuso elaborar un proyecto de dictamen, basado en el decreto de la minuta, modificando el régimen transitorio para resarcir el tema de la retroactividad de la Ley de Amparo.
“Es decir, es como un dictamen de saque para tener materia, en el cual –en este dictamen que estamos poniendo a su consideración– estamos proponiendo de saque resarcir el tema de la retroactividad de la ley, en términos como se tenía anteriormente, donde se retome la propuesta de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con relación a la retroactividad y a la aplicación de los asuntos en trámite”.
En la reunión, en la que las y los integrantes aprobaron la ruta de análisis de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mencionó que recibirán las propuestas de la sociedad civil que servirán como elementos para la argumentación de las propuestas de modificación, en su caso.
Las y los diputados acordaron solicitar a la Junta de Coordinación Política que determine las reglas para la realización de un parlamento abierto.
Además, avalaron habilitar un micrositio para la convocatoria del parlamento abierto y difundir la información, así como circular el dictamen entre sus integrantes y citar para el próximo lunes a las 18:00 horas, donde prevén declararse en sesión permanente para comenzar el análisis de la minuta.
Moreno Rivera (Morena) hizo del conocimiento de las y los integrantes de ambas instancias legislativas que el día de ayer les fue turnada para su análisis y dictaminación la minuta.
Detalló que este proyecto normativo tiene como propósito garantizar que el juicio de amparo sea un medio eficaz de protección a los derechos humanos y evitar medios procesales que paralicen políticas públicas o leyes aprobadas por el Congreso.
Explicó que entre sus puntos principales destacan: limitar las suspensiones, fortalecer el acceso a la justicia a través de medios digitales, agilizar la resolución de los juicios y revisar los criterios de interés.
Por otra parte, expuso que el orden del día de la reunión extraordinaria, la cual se llevará de manera semipresencial el próximo lunes 13 de octubre, a las 18:00 horas, consistirá en el registro de asistencia y declaración de quórum, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. “A partir de esto tenemos cinco días para recibir propuestas que marca la ley”.
Al respecto, el diputado Emilio Suárez Licona (PRI) hizo del conocimiento de las y los integrantes de las dos comisiones que su grupo parlamentario solicitó ante la Junta de Coordinación Política que se realice un parlamento abierto para analizar la minuta, por considerar que es fundamental escuchar a académicos y sociedad civil.
El diputado Federico Döring Casar (PAN) mencionó que también su grupo parlamentario presentó ante la Jucopo la solicitud de un parlamento abierto para analizar la Ley de Amparo. “Nos parece buena la postura de escuchar a los ciudadanos, por lo que pidió que se den dos días para conocer sus propuestas”.
Mariana Benítez Tiburcio, diputada de Morena, señaló que la Cámara de Diputados debe asumir con responsabilidad la revisión de la minuta que contiene uno de los ordenamientos más importantes, por lo que su análisis debe ser con cuidado y apertura. “Yo propongo que se realicen audiencias públicas el viernes y el lunes y habilitar un micrositio para que se inscriban las personas interesadas”.
De MC, el diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez expresó que su grupo legislativo envió un oficio a la Comisión de Justicia para solicitar un parlamento abierto. “No importa el formato, el propósito es escuchar a la ciudadanía”. Se pronunció a favor de llevar a cabo los encuentros el viernes y el lunes o lunes y martes.
A su vez, Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, comentó que no hay temor de que la sociedad opine y exponga sus planteamientos. “Nosotros estamos a favor de la ruta que marquen las presidencias de las comisiones”. Se manifestó a favor de que “se omita lo que es violatorio de la Constitución”.
El diputado Hugo Eric Flores Cervantes (Morena) indicó que la Cámara de Diputados es la Cámara revisora, y que ya ha habido un debate previo en la materia; sin embargo, se sumó a la propuesta de que se reciba a los organismos interesados en la materia
César Israel Damián Retes, diputado del PAN, solicitó organizar un parlamento abierto lunes y martes con las y los integrantes de las comisiones y se impacte en el dictamen. Subrayó que la reforma de la Ley de amparo “no debe privilegiar al gobierno y defenderlo para que puedan avanzar sus políticas, sino velar por el interés de las personas”.
En su participación, la diputada de Morena, Rocío Adriana Abreu Artiñano, dio a conocer que está de acuerdo con todas y todos que consideran que el elemento de retroactividad no es procedente y no va a caminar e invito a que el debate sea claro durante el proceso de discusión.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Elena Edith Segura Trejo se congratuló porque exista un dictamen de saque que contemple la propuesta inicial de la presidenta de la República. “Me parece adecuado que se realice una audiencia pública, para lo cual propuso que se habilite de manera inmediata el micrositio para que especialistas, sociedad civil, barra de abogados y demás interesados acudan”.
En tanto, Jericó Abramo Masso, diputado del PRI, comentó que la Jucopo debe garantizar transparencia y que las voces de las organizaciones y la sociedad sean realmente escuchadas. Propuso que el parlamento abierto se realice el lunes y martes para garantizar la asistencia de las y los diputados.
Finalmente, el diputado del PAN, José Guillermo Anaya Llamas, expuso que se debe dignificar el trabajo legislativo y escuchar a la sociedad, a fin de mejorar la minuta que aborda un tema tan sensible como la Ley de Amparo que es la protección que tiene la ciudadanía contra el poder.
