Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso a elaborar una Ley General contra la Extorsión, mediante la cual se homologuen las penas de cárcel por este delito en todos los estados, y se persigan los casos de oficio, sin necesidad de denuncia por parte de la víctima.
Luego de casi cuatro horas de debate, en el cual todos los grupos parlamentarios manifestaron su apoyo a la iniciativa enviada al Congreso por la presidenta, Claudia Sheinbaum en julio pasado, el dictamen fue aprobado de manera unánime por 474 votos en favor, por lo que se enviará al Senado para continuar con su trámite legislativo.
Al fundamentar la enmienda al artículo 73, inciso A, fracción 21, el morenista, Leonel Godoy, resaltó que la extorsión es el delito que más ha crecido en el país, ya que en 2018 había un promedio diario de 19 casos, mientras que en enero de este año ese índice aumentó a 29, lo que implica un alza de 58 por ciento en sólo seis años.
Luego de señalar que este crimen tiene dos modalidades básicas, que son el llamado cobro de piso de manera presencial y las llamadas telefónicas con engaños y amenazas –muchas de ellas hechas realizadas desde centros penitenciarios–, el legislador destacó que la extorsión afecta tanto a la economía de las personas como a su salud mental y tranquilidad, por lo que “no es un delito menor”.
Para combatir este ilícito, que también afecta a negocios y gobiernos municipales pequeños, en particular, la iniciativa presidencial busca incentivar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno; perseguir el delito de oficio, sin necesidad de denuncia de la víctima, y homologar las penas de cárcel a nivel nacional, las cuales hoy son muy dispares en cada entidad federativa.
Durante los posicionamientos de las diferentes bancadas, la petista, Marycarmen Bernal, alertó que la extorsión se ha convertido en un “impuesto criminal que paraliza la economía y debilita el tejido social”, pues tan sólo entre enero y junio de este año, se documentaron 6 mil 880 víctimas, la cifra más alta en seis años.
Asimismo, apuntó que este ilícito le cuesta a la sociedad un promedio de más de 26 mil millones de pesos al año, con 71 millones de pesos diarios que alimentan a las organizaciones delincuenciales que lo cometen.
Por su parte, Laura Hernández (MC), añadió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, en 2024 se cometieron 4.9 millones de casos de extorsión, lo que significa una tasa de 5 mil 213 por cada 100 mil habitantes. En 85.6 por ciento de estos episodios la extorsión fue telefónica y en 12.9 por ciento, la víctima accedió a pagar.
Aunque todos los grupos parlamentarios manifestaron su apoyo a la reforma, también se advirtió que la aprobación de la Ley General contra la Extorsión debe ocurrir a la brevedad, así como dotar a la norma de presupuesto y herramientas suficientes para su implementación adecuada.
“Nuestra preocupación es que el proyecto se quede solamente con una reforma simbólica y no una esperanza normativa, que no aterrice en cambios reales. Respaldamos la reforma, pero también advertimos al oficialismo: no podemos quedarnos en el discurso ni en una ley parcial; la Ley General de Extorsión debe ser clara, operativa y con presupuesto”, recalcó el priísta, César Alejandro Domínguez.
Por su parte, Anya Gómez Cárdenas (PAN), hizo ver que la extorsión –delito que se concentra en 71 por ciento de los casos en los estados de México, Veracruz y Nuevo León—debe combatirse con los fondos suficientes.
En ese marco, recordó que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2026 habría una reducción de más de 10 mil millones de pesos en el área de seguridad, por lo que llamó a los diputados de mayoría a “darle reversa a eso. Están a tiempo de hacerlo, porque es ahora cuando más se necesita invertir en los cuerpos policiacos”.
El también panista, Héctor Saúl Téllez, saludó que la Presidencia haya retomado una iniciativa que reivindicó como suya, al tiempo que destacó que la extorsión ha crecido de forma particular durante los gobiernos federales de extracción morenista, ya que el promedio anual de carpetas subió en la actualidad a 9 mil 407, un alza de 75 por ciento en comparación del sexenio anterior.
