Tras la aprobación en lo general del dictamen con la Ley General de Aguas y se reforma la Ley de Aguas Nacionales (LAN), la Cámara de Diputados avaló esta madrugada un paquete de 18 reservas presentadas por los grupos parlamentarios de Morena, PT y PVEM, que atiende las inquietudes de los campesinos que se han movilizado en rechazo a esas normas.
En particular, las observaciones abordan temas como los derechos de sucesión del agua, la regularización de los pozos de libre alumbramiento, el reconocimiento de los sistemas comunitarios de administración del líquido, y la ampliación del periodo para solicitar prórrogas de las concesiones.
Después de un largo y encendido debate, donde hubo recriminaciones mutuas entre opositores y legisladores de mayoría, e incluso empujones entre curules se aceptó incluir, más tarde en la votación en lo particular, el paquete presentado por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, en tribuna.
Desde ahí, acompañado de los líderes del PT, Reginaldo Sandoval, y Carlos Alberto Puente, del PVEM, destacó que las mencionadas reservas se agregan a las 50 modificaciones al proyecto original del Ejecutivo que ya se habían incluido en el dictamen desde el viernes.
Lamentó, no obstante, que en el debate sobre las dos leyes de aguas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, la oposición presentó argumentos “sin justificación, quizá porque ellos (los sectores críticos) no tenían la información de lo que estamos discutiendo”.
En ese tono, añadió: “He visto mucha desinformación, incluso en varios legisladores, que han llegado a atreverse a afirmar situaciones que no existen, que yo considero una especie de mito”, en particular sobre temas como el fondo de reserva de aguas, la supuesta aplicación retroactiva de la ley, el pretendido despojo de agua y la imposibilidad de heredar títulos de concesión.
De acuerdo con el texto de las reservas, en el artículo 22 de la LAN, donde se indica que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”, se añade que “los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles, y derechos sucesorios, se reasignarán de conformidad con el artículo 37 Bis 1 de esta Ley”.
En dicho artículo se indica que “la Autoridad del Agua (la Comisión Nacional del Agua) resolverá mediante procedimientos expeditos, en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, la reasignación de volúmenes, cuando se transmita el dominio de una propiedad asociada a un título de concesión; en los casos de fusión y escisión de sociedades civiles o mercantiles, y en caso de que se acrediten derechos sucesorios”.
En el artículo 22, según las reservas aprobadas, también se deja explícito que la autoridad del agua “reasignará” –lo que implica obligatoriedad— volúmenes a través de procedimientos ordinarios o expeditos.
Por otra parte, en el artículo 24 de la misma ley, se amplía el periodo para solicitar la prórroga de concesiones o asignaciones, a quienes lo hagan “entre los tres años previos al término de su vigencia y seis meses antes de su vencimiento”, y no dos años, como decía el dictamen.
De igual manera, en el artículo 49 se agregan las actividades acuícolas, a las agrícolas y pecuarias, o una combinación de éstas, las que no implican un cambio de uso, y en el artículo 123 Bis 3 se amplía el periodo de prisión de tres a cinco meses (y no sólo a tres) a quienes “dolosamente traslade aguas nacionales con fines de lucro”, y de seis a ocho meses (y no sólo seis) cuando la cantidad trasladada sea mayor o equivalente a 50 mil litros.
Otra de las reservas modifica el artículo 123 Bis 5, donde se amplía de dos a 14 años de prisión (en vez de uno a ocho) a los servidores públicos que otorguen concesiones, asignaciones, permisos o prórrogas a cambio de un soborno.
En el artículo quinto transitorio, también se añade que en la emisión de los lineamientos para regulariza los pozos de libre alumbramiento, “se deberá observar que no se incurra en prácticas de acaparamiento del agua”.
Además, en el artículo 4 se indica que la autoridad del agua disminuirá o cancelará el volumen de agua concesionada, pero lo hará “previa valoración técnica e información oportuna a las personas usuarias”, como lo había solicitado el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.
En tanto, en el artículo 40 de la Ley General de Aguas se añade un reconocimiento explícito “a los sistemas comunitarios de agua y saneamiento”, así como “los servicios de agua para actividades productivas, administrados por los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, que se regularán por la ley reglamentaria del artículo 2º constitucional.
“No se consultó a pueblos indígenas”
El coordinador del grupo parlamentario del PRI, Rubén Moreira, afirmó en tribuna que, en el texto presentado por Morena, PT y PVEM, “ninguna de las reservas soluciona lo que dicen solucionar. Aquí se dijeron cosas que en el texto son otras”, y se trata de “falacias argumentativas”.
Un ejemplo de ello, aseguró, es el artículo 22, pues, aunque la reserva agrega que los derechos preferentes derivados de la transmisión de propiedad, fusión y escisión de sociedad civiles y mercantiles se resuelvan de forma expedita, en máximo 20 días, lo anterior sólo beneficia a “los oligarcas y no a los individuos más pobres”.
Abundó que en el segundo artículo transitorio de la LAN dice que en tanto no se emita la normatividad señalada en ese apartado, se seguirán aplicando disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor del decreto, “con excepción de las transmisiones y cambios de uso”, lo que en opinión del priísta abre la puerta a la retroactividad de la norma.
Asimismo, enfatizó que el bloque mayoritario no realizó las consultas a los pueblos indígenas a las que obliga el artículo 2° constitucional en el caso de los proyectos que los afecten.
En una prolongada discusión con respecto a este último punto, Monreal indicó que las afirmaciones de Moreira “no son exactas” y argumentó que en 2019 se consultó a los pueblos originarios para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que ya se realizó ese ejercicio.
“Ante la falta de argumentos (de la oposición) se viene a hablar de manera demagógica. Ya perdieron el debate, ya saben los campesinos que fueron engañados, y quieren ‘empatar’ con el tema de que ‘¿dónde está la consulta?’”, subrayó.
En el debate terció el coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, quien –se quitó la chamarra y la arrojó a su curul— reclamó que los guindas estén apelando a una consulta hecha hace seis años, y para un fin diferente al del reconocimiento de los sistemas comunitarios de administración del líquido.
Con sorna, preguntó: “¿Hicieron (en 2019) una consulta sobre una iniciativa que todavía no existía? ¡Son unos genios! De manera tramposa se erigen como representantes de todos los pueblos indígenas, pero no han consultado a ninguno”.
Uno de los momentos más álgidos del debate ocurrió cuando el petista Adrián González Naveda acusó a la oposición de utilizar el tema de la consulta a los pueblos indígenas para obstaculizar la discusión, lo que llevó a los legisladores del PAN a acercarse a la bancada del PT, donde se registraron gritos y empujones.
Cuando la discusión sobre las reservas se extendía por más de tres horas, Monreal volvió a intervenir y reiteró que los argumentos de los partidos de oposición eran falsos y “engañan a los campesinos con una campaña mediática falsa. Los productores que han engañado verán el dictamen aprobado y se darán cuenta de que en el dictamen no hay nada de lo que dijeron que había” en su perjuicio.
