Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó hoy la reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual se crean las secretarías de las Mujeres y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, además de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y que cambia el nombre de la Secretaría de la Función Pública a Anticorrupción y Buen Gobierno.
Debido a que algunas de las propuestas de la enmienda fueron aceptadas por la oposición, la votación se dividió en bloques temáticos.
El primero de ellos, que modificó cuatro artículos constitucionales, relacionados con las secretarías de Seguridad, Medio Ambiente, Agricultura y Ciencias, se aprobó por 388 votos en favor y 53 en contra.
En el caso del segundo bloque, en el que se reformó el artículo 42 bis de la Constitución, con respecto a la creación de la Secretaría de las Mujeres, se avaló por unanimidad con 431 votos en favor.
El tercer bloque estuvo relacionado con el surgimiento de la ATDT, que suscitó la mayor cantidad de críticas por parte de la oposición, por considerar que dicho organismo podría utilizarse como herramienta para hacer “mal uso de datos personales”, e incluso para el espionaje. Pese a ello, se aprobó modificar el artículo constitucional 42 Ter, por 321 votos en favor y 108 en contra.
En total, el debate se agotó en poco más de cuatro horas y media, después de dos rondas de intervenciones en favor y en contra de la reforma, en voz de 24 oradores.
Escepticismo ante la ADTD
En favor de la iniciativa, que la presidenta Sheinbaum envió apenas el pasado 1° de noviembre, Morena y sus aliados señalaron que las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública buscan mayor transparencia y efectividad en las secretarías ya existentes y las entidades de nueva creación, así como evitar la duplicidad de funciones.
Dos de las modificaciones que más resaltaron los partidos mayoritarios fueron el surgimiento de la Secretaría de las Mujeres, para coadyuvar a la eliminación de la violencia de género en el país, y de la ATDT, cuyo propósito –dijeron—es “tener mecanismos de gobernanza digital y que los ciudadanos accedan a la tecnología para simplificar trámites y no pierdan tiempo haciendo largas filas”.
Con las modificaciones, resaltó la morenista Rosario Orozco, “se refuerzan las instituciones, para hacerlas más modernas y eficaces. Queremos erradicar totalmente la corrupción, además de ser más austeros e innovadores. La digitalización de servicios hará más eficiente la gestión pública y acerca el gobierno a la ciudadanía”.
La respuesta de la oposición ante la iniciativa presidencial fue positiva con respecto a temas como el surgimiento de la Secretaría de las Mujeres, por considerar que es un “paso indispensable para enfrentar desigualdades y violencias” que sufren las mujeres, como apuntó Xitlalic Ceja (PRI).
Por el contrario, la creación de la ATDT y sus posibles alcances generaron múltiples críticas, en particular por el temor de que dicha agencia haga un “uso inadecuado de los datos personales” de la ciudadanía, e incluso pueda utilizarse como una herramienta de espionaje.
El panista Fernando Torres alertó que ese organismo tendría en sus manos la implementación del Mecanismo Único de la CURP, la integración del Sistema Nacional de Identificación Personal, ambas tareas en coordinación con la Secretaría de Gobernación, sin que quede claro “quién llevaría la batuta”.
De igual forma cuestionó que el titular de la nueva Agencia, José Merino, haya sido “consultor político”, y que por lo tanto “la información pueda ser usada de forma indebida, e incluso para presionar y extorsionar a actores políticos, y tenemos ejemplos en el Senado y la Suprema Corte. Ya lo han hecho y no tenemos garantías de que no lo van a volver a hacer”.
Según Torres, existe el peligro de “un uso indiscrecional (sic) de la información”, porque permite la interoperación de las plataformas y de los sistemas, e incluso tiene la facultad de fabricar su propio software para construir una plataforma a modo del gobierno. Es un paso más a tener un sistema como el de Venezuela, de control absoluto, o como el sistema nazi, de control de información para fines políticos y electorales”.
Por otro lado, la también panista Mariana Jiménez alertó que la concentración en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de los datos personales que hoy controla el INAI, “es un intento de poner los derechos ciudadanos bajo control del Ejecutivo. Ese organismo también tendría facultades en contratación pública y designación de cargos estratégicos, en un sistema de control absoluto que impiden una supervisión imparcial”.
“Güevos tibios”
Una de las intervenciones más punzantes hacia la reforma correspondió a Carmen González (PAN), quien consideró que prevalecerá la tendencia del gobierno morenista de centralizar los recursos en la administración federal, sin tomar en cuenta las necesidades de los estados y municipios, en particular en temas de seguridad pública.
Recalcó que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos el Senado ratificó a Rosario Piedra Ibarra, “en un proceso desproporcionado, desaseado, mañoso, pasando incluso por encima de ustedes mismos, con el abandono” en materia de garantías individuales.
Incluso mostró una caricatura en la que se sugiere que el nombramiento de Piedra fue una supuesta imposición del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
En ese mismo sentido, calificó al ex gobernador de Chihuahua Javier Corral, hoy senador plurinominal por Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de ser “un títere. Y no te faltaron de estos” –dijo la panista, haciendo un gesto con la mano–, lo que pasa es que eres un ‘güevos tibios’, Javier Corral, y no supiste defender lo que es bueno para México”.
En Morena, dijo, “van a tener que soportar a esa víbora, y él tuvo que acatar -el pobrecito Javier Corral les defendía las instituciones- lo que se dice desde Palenque (donde se ubica el rancho de López Obrador), por supuesto, porque no manda la Presidenta. Todos aquí sabemos quién impuso otra vez a Rosario Piedra”.
La reforma, una vez aprobada en San Lázaro, fue enviada al Senado para su ratificación.
