Denuncias hubo, y Yunes no hizo todo para juzgar a Duarte por desaparición forzada: abogado

La Fiscalía General del Estado de Veracruz y Miguel Ángel YunesLinares, Gobernador de la entidad, usaron el nuevo sistema acusatorio para generar impunidad y no tuvieron la voluntad política de juzgar a Javier Duarte de Ochoa por desaparición forzada, denunció Celestino Espinoza Rivera, abogado de los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca en 2016.

Las familias de los cinco jóvenes desaparecidos interpusieron una denuncia en contra de toda la cadena de mando en el estado, que incluye al Gobernador, al titular de la Secretaría de Seguridad Pública en 2017 y un amparo porque la Fiscalía no hizo nada, dijo Espinoza Rivera.

Ahora el ex mandatario preso, que podría salir libre en nueve años por declararse culpable de los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, podrá enfrentar un nuevo proceso por desaparición forzada y ser detenido a los 60 días posteriores a su salida de la cárcel.

“Si dentro de esos 60 días no abandona el país, entonces ya le pueden ser ejecutadas las órdenes de aprehensión, y pues ni de tonto se queda en el país saliendo de la cárcel. Se va a ir […] y no es culpa del nuevo sistema procesal, sino del sistema político. El sistema procesal es bueno, pero el sistema político lo está utilizando para la impunidad. Cuando iniciaron con esto de Duarte decían que iba a ser un parteaguas por ser uno de los primeros juicios de esa envergadura”, dijo el abogado.

El 9 de febrero de 2017 los papás de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca interpusieron una ampliación de denuncia por desaparición forzada en contra del ex Secretario de Seguridad Pública de Veracruz Arturo Bermúdez Zurita y de cualquier servidor público de la Secretaría que resultara como autor intelectual del delito.

Espinoza Rivera explicó que si bien la denuncia no es directa sobre Javier Duarte, pues en ese momento no contaban con los elementos suficientes para señalarlo específicamente, el ex mandatario que estaba en el poder cuando desaparecieron los cinco jóvenes, de acuerdo con el Artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, era el mando supremo de todas las corporaciones policiacas, explicó el abogado.

“Se pide que se investigue toda la cadena de mando y cuando son casos de desaparición forzada y tortura la Fiscalía debe investigar de oficio, ni siquiera es necesario que las víctimas interpongan una denuncia”, dijo Espinoza Rivera.

Los jóvenes Bernardo Benítez Arróniz, de 25 años; Jorge Benítez de la O, de 24 años; José Alfredo González Díaz, 25 años; Mario Orozco Sánchez, 27 años; y Susana Tapia Garrido, de 16 años, todos originarios de Playa Vicente, desaparecieron el 11 de enero de 2016 en Tierra Blanca, Veracruz, luego de ser interceptados por elementos de la Policía Estatal. Eran alrededor de las 11:00 horas, cuando sujetos uniformados, cubiertos del rostro y con armas de fuego los detuvieron en un tramo carretero de dicho municipio.

El Fiscal General del estado en ese momento, Luis Ángel Bravo Contreras, informó el 14 de enero –cuatro días después de la desaparición– a través de un comunicado que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz fueron detenidos por llevar a cabo la detención de los jóvenes sin que lo reportaran a sus superiores.

A pesar de que el caso se hizo público durante la primera semana de los hechos y de que los familiares realizaron plantones desde el primer día frente a Palacio de Gobierno, fue una semana después cuando Javier Duarte de Ochoa tomó el teléfono e hizo una llamada a uno de los papás para prometerle que los muchachos serían entregados con vida en horas, dijo el 19 de enero de 2016 a SinEmbargo Carlos Hermilo Orozco, tío de uno de los desaparecidos.

“Hizo contacto con uno de los padres de los muchachos y nos pidió que le diéramos tantito tiempo para encontrarlos. Se comprometió a entregarlos con vida, nos pidió horas, no días ayer a las cinco de la tarde”, afirmó.

A tres años del suceso, hay 21 detenidos federales y estatales por la desaparición de los jóvenes, pero ninguna sentencia, informó el abogado de las familias.

Aunque hoy la Fiscalía General de Veracruz busca procesar a Javier Duarte por desaparición forzada y hay una orden de aprehensión girada en su contra desde el 6 de junio de 2017, la acusación se hizo fuera de tiempo que establece el Tratado de Extradición México-Guatemala.

El pasado 27 de septiembre Yunes Linares anunció que urgió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a acelerar el trámite para que Guatemala autorice proceder contra de Duarte de Ochoa por el delito de desaparición forzada.

Pero el abogado Celestino Espinoza explicó que las autoridades mexicanas realizaron esa solicitud fuera de tiempo y después de que se realizó la audiencia de Javier Duarte en Guatemala.

“Debió ser desde que la Secretaría de Relaciones Exteriores presentó la solicitud por los delitos que ya fue juzgado y hasta antes de la audiencia en la que le fueron dados a conocer en Guatemala los delitos por los que se le estaba extraditando. El Tratado de Extradición México-Guatemala señala que únicamente por los delitos que hayan sido sometidos a su consideración podrá ser juzgada una persona que esté sujeta a extradición”, añadió el abogado.

De acuerdo con Espinoza hay una excepción que prevé el Tratado, al que está apelando la Fiscalía, que es la posibilidad de aprehender a Javier Duarte por el delito de desaparición forzada al concluir su condena. Sin embargo, el ex mandatario tendrá 60 días de inmunidad para salir del país si él quiere.

“Es un tratado de extradición que está pesando en proteger a personas inocentes o perseguidos políticos. Da seguridad jurídica al extraditado de que no será detenido por un delito fabricado posterior a la extradición en 60 días, pero aquí lo utilizan para dar impunidad”, dijo Celestino Espinoza.

Sin Embargo