La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Carlos Alberto Ulloa Pérez (Morena), aprobó con 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, y con 22 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos 2025.
Se prevé que la Federación perciba ingresos totales por 9 billones 302, 015.8 millones de pesos (mdp), de los cuales los ingresos del Gobierno Federal por concepto de impuestos sumarán 5 billones 297, 812.9 mdp; de ingresos derivados de financiamientos, 1 billón 246, 366.5 mdp, y proyecta una recaudación federal participable por 4 billones 892 mil 179.6 mdp.
Al reanudar su primera reunión extraordinaria, se determinó que las reservas de ambos documentos que forman parte del Paquete Económico 2025 se presenten ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Una vez aprobados se remitieron a la Mesa Directiva para su programación legislativa.
Discusión de Ley de Ingresos
La diputada Claudia Rivera Vivanco (Morena) señaló que el paquete presupuestal propone incrementos en educación, salud, distribución de acciones estratégicas y programas sociales e impulsa la digitalización y simplificación tributaria que permita facilitar el pago de las contribuciones, la disciplina fiscal con austeridad republicana y la simplificación de administrativa con mayor eficiencia.
Por el PAN, el diputado José Guillermo Anaya Llamas aseguró que será difícil cumplir las metas económicas que se presentan en el paquete fiscal 2025. Destacó los problemas en Pemex, la cotización del dólar y las remesas ante el anuncio de deportaciones del presidente electo de Estados Unidos. “Vamos a gastar más de lo que ingresamos y estados y municipios pagarán los platos; por eso, estamos en contra de la Ley de Ingresos”.
La diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) expuso que la Ley de Ingresos prevé nueve billones 300 mil millones de pesos; es decir, sin tomar en cuenta el endeudamiento se contará con alrededor de ocho billones, lo que quiere decir que se disminuye la deuda interna, no habrá aumento de impuestos y se trabajará arduamente para bajar la defraudación fiscal de las grandes empresas. Con el ISR se espera recaudar dos billones 859 mil 575 millones de pesos, lo que equivale al 30.7 por ciento del total de los ingresos.
Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, resaltó que en el tema de ingresos es obvio que no se ha movido nada, no han incrementado ni se ha creado un solo impuesto, y en términos reales no se ha incrementado nada y no se ha modificado la fórmula de distribución. En donde sí se ha modificado es en Egresos, pero ese no es tema a discusión. Hizo notar que se está bajando el déficit, la deuda es manejable y se estima que en 2025 la Federación percibirá un total de 9 billones 302 mil 15.8 millones de pesos.
El diputado Emilio Suárez Licona (PRI) resaltó que queda corto el esfuerzo para generar certeza económica ante un entorno de incertidumbre y riesgos externos y debilidades internas. Es una política de acoso, abuso y terrorismo en contra de los contribuyentes, porque se asume que los ingresos serán más del doble que la económica. Preguntó cómo se va a convalidar un aumento en la recaudación por impuestos al comercio exterior respecto a la Ley de Ingresos anterior. Es una señal de abusos que desincentivan la inversión extranjera directa y ponen en peligro nuestra permanencia en los tratados.
La diputada Patricia Flores Elizondo (MC) consideró que el dictamen debe ser mejor analizado; de lo contrario se manda una mala señal a las mercados y calificadoras. Que no haya una política recaudatoria ni a corto ni mediano plazo, afecta a estados y municipios con recortes en su presupuesto y no abona al crecimiento del país. “A la Ley de Ingresos no hay mucho de donde moverle y hay que clarificar los fideicomisos recientemente creados”.
Para el diputado Agustín Alonso Gutiérrez (Morena) el tema de la educación sí va acompañado de infraestructura educativa con el programa “La Escuela es Nuestra”, así como el campo e infraestructura carretera, en donde se ha hecho el mayor esfuerzo y con las recientes reformas constitucionales sobre simplificación administrativa se podrán fortalecer las políticas públicas del gobierno y, por ende, al pueblo. “Estoy seguro que las especulaciones negativas quedan en especulaciones y la realidad será otra”.
El diputado del PAN, César Augusto Rendón García, recalcó la importancia de que la Ley de Ingresos sea construida con acuerdos, ya que a las y los diputados los une el propósito de que le vaya bien a México. Llamó a reconsiderar el proyecto y escuchar a todas las voces con el propósito de este producto tenga el mayor consenso y este acuerdo de la ciudadanía.
Yerico Abramo Masso, diputado del PRI, indicó que el voto de su grupo parlamentario será en contra porque se está sobreestimando el crecimiento del país. Pemex se llevará el 75 por ciento de sus ingresos mientras que a la Federación solamente le dejarán el 25 por ciento. Es la peor distribución histórica de renta petrolera y eso le costará a las finanzas públicas. “Estamos a favor de los programas sociales, pero no del descuido en infraestructura educativa”.
Ley Federal de Derechos
Con el dictamen se busca actualizar diversos conceptos y cuotas para el pago de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio de la nación.
Modifica las cuotas por el acceso a las Áreas Naturales Protegidas, a fin de que los derechos reflejen un valor más cercano al impacto real que representa el uso de estos bienes de dominio público de la nación; exenta del pago de derechos a las personas que utilicen las telecomunicaciones para desempeñar actividades en materia de protección civil, con la finalidad de reconocer su participación durante situaciones de emergencia o desastres naturales como huracanes, inundaciones o temblores.
Determina que se exenta a los pueblos y comunidades afromexicanas del pago de derechos por diversos servicios en materia de telecomunicaciones; implementa medidas tendentes a promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Precisa que se dará certeza jurídica para efectos del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, actualizando el listado de los municipios contenidos en las zonas a que se refiera la Ley.
Realiza adecuaciones en materia de minería y agua y adecua y actualiza los rubros de servicios migratorios, en materia de inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, minería, telecomunicaciones, medio ambiente y recursos naturales, destino específico por servicios en materia de aeropuertos, zona federal marítimo terrestre, derechos por el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales, y espacio aéreo mexicano.
Discusión de Ley Federal de Derechos
El diputado José Narro Céspedes (Morena) solicitó incrementar el impuesto minero del 7.5 al 8.5, a fin de que el impuesto ecológico que se cobra a nivel estatal se acredite como parte del impuesto minero, toda vez que ahora el Fondo Minero se utiliza para el tema de la “Escuela es Nuestra”; la adecuación contribuiría a mitigar las consecuencias de las empresas mineras.
Del PAN, el diputado Federico Döring Casar lamentó que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no haya tenido un diálogo con la Comisión de Hacienda y el Congreso de la Unión antes de remitir el Paquete Económico. “El mensaje del gobierno es que no le interesa el consenso y no está en la disposición de dialogar con quienes piensan distinto”.
Por el PVEM, el diputado Ernesto Núñez Aguilar indicó que el dictamen delinea ajustes en las tasas y cuotas en materia de minería y áreas naturales protegidas para financiar acciones estratégicas y programas sociales, además de mitigar impactos ambientales. Los incrementos permitirán beneficiar los estados que tienen desechos de las minas; es decir, con dicha medida se compensa al medio ambiente y se ayuda a los grupos vulnerables.
El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT) comentó que el Presupuesto está integrado de acuerdo a las necesidades que enfrenta el país y, por ello, contempla ampliar derechos como los ecológicos y mineros. Ese aumento permite incrementar en un 123 por ciento, lo cual es muestra de que esta propuesta va en una en una dirección correcta para el país.
Emilio Lara Calderón, diputado del PRI, externó su inquietud por el derecho petrolero para el bienestar, pues se está ante un escenario en donde en 2025 podría contar con la peor distribución de la renta de utilidades de la empresa petrolera, lo cual se debe abordar con seriedad. Alertó sobre lo que establece el artículo 18-A relacionado con los derechos por visitantes, pues se está dejando un 33 por ciento de los ingresos que van a distribuirse a la Tesorería que no tienen un destino claro.
Por MC, la diputada Flores Elizondo Patricia planteó que el cobro de los derechos o el aumento del uno por ciento del impuesto a la minería, debería irse para mitigar los efectos del medio ambiente y los daños que generan las mineras a comunidades y al entorno. Hizo mención que se vuelve a destinar ese ingreso a otros ramos que no tienen nada que ver con la mitigación del desastre ecológico y de recursos naturales que hace la minería
Eva María Vásquez Hernández, diputada del PAN, argumentó que la Ley Federal de Derechos es una herramienta clave para la administración de recursos que son generados para actividades fundamentales en diversos sectores que son estratégicos para el país;
sin embargo, consideró alarmante observar cómo la Administración Federal busca priorizar y ha priorizado destinar recursos a proyectos que no están generando beneficios directos a la ciudadanía, como los recursos del turismo que van a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como los montos para aeropuertos y migrantes.
Roberto Armando Albores Gleason, diputado del PT, explicó que la Ley de Derechos presenta aumentos significativos con respecto a 2024, pues se modifican 19 artículos para permitir que las disposiciones fiscales reflejen las necesidades actuales y los compromisos de las dependencias públicas. También se fortalecen los servicios migratorios, hay mejoras en infraestructura, se eliminan excepciones injustas, hay equidad en uso de áreas naturales, apoya a comunidades indígenas y afromexicanas, promociona la igualdad e impulsa la minería sostenible.
