Claudia Sheinbaum, presidenta de México, garantizó llevar a cabo, durante su mandato, cambios jurídicos, acuerdos y ordenamientos necesarios para mejorar la sustentabilidad hídrica en el país, los cuales se han demorado más de una década.
Durante su toma de protesta como la primera presidenta de nuestro país, la titular del Ejecutivo federal confirmó que en su administración se realizarán las reformas para garantizar el agua como recurso de la nación.
El Congreso de la Unión lleva ya 11 años en una omisión legislativa debido a que no se ha expedido la Ley General de Aguas que debía sustituir a la vigente desde 1992.
En el artículo tercero transitorio de la reforma al Artículo 4 de la Constitución en febrero del 2012 ordenaba que el Congreso de la Unión contaría con un plazo de 360 días para emitir una Ley General de Aguas, sin embargo, hasta el momento no se ha realizado.
A lo largo de las últimas cuatro legislaturas, tanto en la Cámara de Senadores como de Diputados se han presentado iniciativas para expedir la Ley General de Aguas, no obstante, la mayoría fueron desechadas.
Por otro lado, la presidenta de nuestro país afirmó que se comenzará el ordenamiento de las concesiones y la transmisión de derechos del agua.
“El acceso al agua será una prioridad en nuestro gobierno, por lo que arrancaremos este mismo mes un programa para ordenar las concesiones y transmisión de derechos de agua. El agua es de la Nación”, mencionó la mandataria como punto 97 de sus 100 puntos de gobierno los cuales fueron anunciados desde la plancha del Zócalo capitalino.
De acuerdo con el documento titulado “Modernizar la regulación de aguas en México”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las concesiones no están basada en la capacidad máxima de renovación del agua de los acuíferos o de las aguas superficiales.
Datos del IMCO revelaban que, hasta el 2023, se tenía un registro de 525,572 títulos de concesión, de este total, 97% (509,804) de las concesiones en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) no tiene medidor y también 93% (488,781) no han sido verificados.
Bajo este contexto, el IMCO sostuvo que el uso desmedido y las tomas clandestinas se volvieron una práctica común en nuestro país.
De igual manera, Claudia Sheinbaum Pardo confirmó, desde el pleno de San Lázaro, que se firmará un acuerdo nacional por la seguridad y sustentabilidad hídrica de México.
Tanto el IMCO como el Consejo Consultivo del Agua también han hecho llamados por aumentar el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el cual, a pesar de recibir aumentos en los dos últimos años, ha sido insuficiente.
En el primer año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Conagua recibió 23,727 millones de pesos y cerró con 62,674 millones de pesos aprobados para 2024. Estimaciones de expertos indican que son necesarios 80,000 millones de pesos anuales para mejorar el acceso al agua en México, ya que existe un rezago acumulado en el mantenimiento de la infraestructura hídrica nacional.
