Un gran jurado federal de Chicago acusó formalmente por tráfico de fentanilo a José Ángel Canobbio, “El Güerito”, jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La acusación establece que Canobbio financió y dirigió un grupo armado de seguridad conocido como “Los Chimales”, que proporcionaba seguridad a la facción Guzmán del Cártel de Sinaloa y participó en conflictos armados para ayudar a los Chapitos a importar drogas a Estados Unidos, de acuerdo con información de la embajada estadounidense.
La acusación sostiene que Canobbio Inzunza conspiró con los hermanos Guzmán Salazar -conocidos como “Los Chapitos”- y otras personas para fabricar cocaína, fentanilo, metanfetamina y marihuana en México e importar las drogas a Estados Unidos para su posterior distribución.
La acusación afirma que Canobbio Inzunza financió y dirigió un grupo de seguridad armado conocido como «Los Chimales», que proporcionaba seguridad a la facción de Guzmán del cártel de Sinaloa y participaba en conflictos armados para ayudar a los Chapitos a importar drogas a Estados Unidos. Los Chapitos han sido acusados de otros cargos en Estados Unidos en el último año, según el Departamento de Justicia estadounidense.
“Canobbio Inzunza está acusado de conspiración para fabricar y distribuir sustancias controladas para su importación ilegal a Estados Unidos”, subraya el reporte del Departamento de Justicia.
Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua. Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices sobre Sentencias de EEUU y otros factores legales.
Se cree que Canobbio Inzunza reside actualmente en México y se ha dictado una orden de detención contra él en Estados Unidos.
El anuncio de esta acusación al lugarteniente de Los Chapitos, lo encabezó la fiscal general Adjunta Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal interino, Morris Pasqual para el Distrito Norte de Illinois y la agente especial Stacey Moy de la Oficina de Campo del FBI en San Diego.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, este caso forma parte de una operación de las Fuerzas de Tarea contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas (OCDETF) que identifica, interrumpe y desmantela organizaciones de tráfico de drogas y otras redes criminales que amenazan a los Estados Unidos.
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