A Diputado del PAN que apoyó “Ley Bonilla” en BC le dan el proyecto de rescate del Centro de Mexicali

Por Eduardo Villa Lugo e Isaí Lara Bermúdez para Zeta

Por si quedaba alguna duda del vínculo de los diputados panistas con el nuevo Gobierno, el legislador Carlos Torres Torres, será el encargado de encabezar el proyecto de rescate del Centro Histórico de Mexicali.

En una reunión donde se encontraba Jaime Bonilla Valdez, y la Alcaldesa electa Marina del Pilar Ávila –quien además es pareja sentimental de Torres Torres- acordaron que el todavía legislador se encargará de todo lo relativo al proyecto del Centro Histórico, el cual fue iniciado por la administración del priista Francisco Pérez Tejada Padilla.

La información se dio a conocer de manera oficial por el propio equipo de comunicación de Jaime Bonilla Valdez, quien indicó que se comprometió a “bajar” recursos federales, con la intención de poner en marcha el ambicioso proyecto, que cabe señalar es una de las promesas de campaña de la primera edil de Mexicali.

El tema se volvió polémico porque Torres Torres fue identificado como uno de los principales operadores de la reforma constitucional al Octavo Transitorio, que amplió el periodo de la gubernatura de 2 a 5 años, pese a que se consideraba ilegal.

El 8 de julio se llevó a cabo la sesión donde además se realizó el nombramiento del Auditor General, lo que volvió aún más polémico el escenario.

INTERESES, LA PRINCIPAL MONEDA DE CAMBIO

Los intereses de Francisco Vega de Lamadrid y de su fracción del Partido Acción Nacional (PAN) dentro del Congreso del estado, junto con las pretensiones políticas de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fueron la principal moneda de cambio para que la gubernatura pudiera ser reformada y dejara de ser por un periodo de dos años, en beneficio del Gobernador electo Jaime Bonilla Valdez.

La aprobación de dicha reforma no puede explicarse sin hacer un análisis de los beneficios que cada fuerza política obtuvo -o pretendía obtener- mediante el Congreso del estado y sus diputados, un enredo de complicidades y canonjías para grupos políticos directa o indirectamente relacionados con la vida parlamentaria.

Aunado a la repartición de grandes espacios políticos, la imposición natural que genera el poder del nuevo Gobernador, cuyo control será como pocos en la vida del Estado, con una mayoría abrumadora en la próxima Legislatura, los cinco ayuntamientos ocupados por su partido (Movimiento Regeneración Nacional, Morena) y con un Gobierno Federal aliado, el cual incluye sus delegaciones ejerciendo la autoridad mediante sus programas, oficinas y estructuras.

La modificación del Artículo Octavo Transitorio en el cual se determinaba que la próxima gubernatura sería por un periodo de dos años y no de seis -como tradicionalmente es-, fue orquestada con facilidad pero con gran desgaste, desde el momento que Morena arrasó electoralmente Baja California.

El nuevo orden político se impuso con presiones, amenazas sobrentendidas y pactos políticos: nombramientos, protección para familiares de diputados que se incrustaron en las nóminas, sobrevivencia de los negocios y relaciones tras la caída de 30 años ininterrumpidos de panismo.

El recuento de daños por la reforma aún no concluye, ha permeado la esfera interna de Morena a nivel nacional. Jaime Bonilla sufre desgastes mediáticos y políticos antes de tomar protesta y estos han alcanzado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En el PAN se destruyó la relación entre los diputados panistas y “Kiko” Vega, que luego de estar dentro del acuerdo y autorizar la aprobación de la reforma, los desconoció y se resiste a publicar la Ley. Incluso, se aprovechó para que José Luis Ovando anunciara que “ante la crisis”, las dirigencias locales -entre estas la suya- no se renovarán.

En el caso del PRI, sus diputados divididos no pudieron mantener las ambiciones de nómina que representaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el secretario particular del presidente del Congreso, el hankista Benjamín Gómez, donde gran parte de la estructura de una fracción priista encabezada por René Mendívil está alojada. El grupo de Alejandro Arregui, Patricia Ríos y Benjamín Gómez sucumbió y fueron exhibidos como “traidores” por el partido.

La gran operación de la reforma, orquestada personalmente por el futuro secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, no resultó limpia. Ha sido renegada por prácticamente todos los partidos políticos, incluyendo una iniciativa votada de manera unánime en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para exhortar al Congreso local “a dejar sin efecto el decreto número 112 de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California aprobado el 8 de julio de 2019”.

El escenario para los morenistas podría ser peor, luego que la dichosa reforma se someta a la prueba de ácido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

QUÉ PARA QUIÉN; LAS REPARTICIONES

A finales de 2018, la intención por echar abajo la gubernatura de dos años (aprobada en 2014) fue manifiesta, desde entonces -tal como ha operado el Congreso históricamente– el juego de la negociación comenzó. Primero se consideraron las prioridades del Gobernador.

“Kiko” y el PAN tenían claros “sus proyectos” de mayor ambición:

El nombramiento del Fiscal General, que Vega de Lamadrid esperaba fuera para uno de sus incondicionales.

-La aprobación de los montos y la fuente de pago de los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP).

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que ya analiza el contenido del escrito que diversas personas presentaron el pasado 15 de julio, en sus oficinas en la ciudad de Tijuana, solicitando su intervención contra la reforma a la Constitución del Estado de Baja California, que permite la extensión de mandato de 2 a 5 años para el Gobernador electo en dicha entidad. Foto: Sergio Caro, Cuartoscuro
-Aprobación de un mega endeudamiento superior a 12 mil 526 millones de pesos que permitiría “saldar” las cuentas del Gobernador con una herencia multimillonaria.

-El nombramiento del auditor superior para cuidar las cuentas públicas.

Antes de pedir licencia, en el caso de Morán, el PAN-Gobierno concedió ascensos laborales y mejores sueldos para familiares directos que se desempeñan como docentes en el Sistema Estatal Educativo. Foto: Sergio Caro, Cuartoscuro
-Una reforma para aumentar cinco años a la edad límite de retiro para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado en beneficio directo de seis integrantes, entre ellos, la hoy ex Procuradora de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva.

-Los grupos que integran el PRI esperaban obtener por lo menos uno de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIP), el cual consiguieron, además de la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), que aún no se define y el magistrado anticorrupción, que lograron para uno de los suyos.

Antes de ganar las elecciones, Morena no estaba en los acuerdos como partido, salvo algunos “favores” que pedían en lo personal los diputados Víctor Morán y Catalino Zavala a los enviados del Gobierno del Estado.

Antes de pedir licencia, en el caso de Morán, el PAN-Gobierno concedió ascensos laborales y mejores sueldos para familiares directos que se desempeñan como docentes en el Sistema Estatal Educativo; por su cuenta, Catalino lograba prerrogativas obsequiadas por el Congreso administrado por el blanquiazul, puestos clave y recursos económicos extraordinarios que otros diputados no tuvieron.

Con la aprobación de esta reforma, el Gobernador electo Jaime Bonilla concluirá su mandato el 31 de octubre del 2024. Foto: Cuartoscuro
No fue hasta acercarse el día de las elecciones con una tendencia favorable para Morena, que el partido comienza a explorar la negociación para la gubernatura de cinco años , pero hasta ahora, el PAN no ha necesitado del todo a los dos diputados por Morena (Victoria Bentley, del PAN, se sumó a la bancada de Morena hasta mediados de abril de este año) y por las mismas fechas, el panista Carlos Torres Torres, ya con una relación personal con Marina del Pilar Ávila, actual alcaldesa electa de Mexicali por Morena, empezó a jugar en los dos frentes.

Estas eran las fichas sobre la mesa, a partir de aquí se explicarán las decisiones y negociaciones de cada fuerza política.

SE DERRUMBAN Y SE ATORAN

Ya sin Victoria Bentley, el PAN contaba con 12 de los 25 diputados, se requieren 17 -dos terceras partes- para aprobar temas constitucionales. Para ello se contaba con tres diputados del PRI que en la mayoría de las ocasiones estuvieron alineados: Alejandro Arregui, Benjamín Gómez y Blanca Patricia Ríos. Con Job Montoya de Movimiento Ciudadano y con Rocío López Gorosave del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tenían lo necesario, pero las divisiones propias tanto del PAN como del PRI, hicieron que los acuerdos se desvanecieran.

A finales de marzo se aprobó el mega endeudamiento, así como los nuevos montos y financiamiento para dos APP: la desalinizadora de Playas de Rosarito y el Periférico Aeropuerto–Zapata para Tijuana, conocido como Segundo Piso. Morena votó en contra junto con Jorge Eugenio Núñez Lozano, del Partido de Baja California (PBC) y Bernardo Padilla Muñoz, del PRI.

Dos semanas antes de la elección, el Tercer Juzgado de Distrito concedió una suspensión provisional mediante un amparo promovido por Bentley (se sumarían otros diputados de oposición) para que el nombramiento del fiscal general no caminara. El interés del actual Gobernador por colocar a David Limón Grijalva se vio interrumpido. Así cayó la negociación que tenían Miguel Ángel Bujanda, Carlo Bonfante e Ignacio García Dworak con los tres diputados del PRI y sus aliados en el Congreso.

Jaime Bonilla es el más beneficiado con la modificación que hizo el Congreso de Baja California. Foto: Cuartoscuro
También en mayo y como parte de ese acuerdo, los diputados eligieron a Iván José Curiel Villaseñor como magistrado Anticorrupción con 19 votos secretos en el pleno del Congreso; días después, miembros del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema.

Estatal Anticorrupción (SEA) denunciaron el compadrazgo y relación entre el recién nombrado y diputado priista Bernardo Padilla y exigieron su destitución, la cual no se dio.

De igual forma, en esas semanas y luego de comparecer ante los diputados el 15 de mayo, estuvo a punto de otorgarse la titularidad de la CEDHBC a Juan Valdez Moreno. Sin embargo, se dio a conocer que este, además de ser el ex secretario técnico y asesor de Benjamín Gómez, era militante priista y fue coordinador de la campaña presidencial del PRI en 2018. La negociación nuevamente se atoraría de manera parcial, cuando Gómez y Arregui rompieron su alianza tras la elección y algunos diputados del PAN tomaron distancia del Gobernador.