La Regidora que preside la Comisión de Mujer, Familia, Equidad de Género y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Paty Ulate manifestó un rotundo rechazo a la legalización del aborto, al señalar que esta práctica “atenta contra el derecho fundamental a la vida y desvía recursos esenciales que deberían destinarse a fortalecer el sistema de salud pública”.
Consideró que esta despenalización aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación representa un retroceso a los valores y el fortalecimiento de la familia que se ha realizado en materia de defensa de los derechos de los niños y de las mujeres.
“Creemos que el Estado debe apostar por políticas de salud pública enfocadas en la preservación de la vida y el bienestar integral de la madre y el hijo, no en la eliminación de una de las partes más vulnerables: el ser humano en gestación” dijo de manera contundente la Regidora del Partido Acción Nacional (PAN).
Consideró que es imperativo que las instituciones concentren sus esfuerzos en garantizar atención médica de calidad, prevención de enfermedades y apoyo real a mujeres embarazadas en situación vulnerable, brindando redes de acompañamiento que ofrezcan alternativas verdaderas para salvaguardar tanto a la madre como al niño por nacer.
La Regidora insistió en que la prioridad debe ser la promoción de una cultura de responsabilidad y respeto por la vida, mediante programas de educación y prevención de embarazos no planeados, con enfoque en orientación familiar y salud reproductiva y el acceso a información científica y ética que fomente la responsabilidad y el respeto por la vida.
Consideró como sumamente necesario que tanto el gobierno como el sector salud se involucren para tener una vinculación con las universidades, preparatorias y secundarias para hablar de embarazos no deseados, atender este tema de la educación sexual, debido a que en la actualidad existe infinidad de información para las mujeres en materia de salud reproductiva. En años pasados esto era un tabú.
“No podemos normalizar una práctica que niega el derecho a vivir. La vida humana inicia en la concepción, y como sociedad estamos obligados a protegerla. En lugar de destinar fondos a interrupciones voluntarias, debemos redoblar esfuerzos para garantizar que ninguna mujer se sienta abandonada ante un embarazo difícil”, añadió.
