El 27 de marzo del 2023 un incendio en el centro de migrantes del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, cobró la vida de 40 personas de distintas nacionalidades.
Las autoridades federales y municipales retiraron a los migrantes que se mantenían en este lugar bajo protesta, así como las mantas y altares que habían colocado; ahora luce abandonado.
A casi dos años de esta tragedia, el presunto responsable, Jeison Daniel Catarí Rivas, permanece preso sin sentencia porque la fiscalía no ha logrado demostrar su culpabilidad, aseguró su abogado, Jorge Vázquez Campbell, quien considera que el caso dará un giro y podría lograr su libertad.
“El día 23 empieza la audiencia intermedia para calificar las pruebas que se han usado en el juicio; es muy probable que al tener más de dos años detenido, le vayan a cambiar las medidas cautelares y nos lo suelten en arraigo, entonces es probable que para finales del mes de mayo ya esté en otro lugar y ya no va estar detenido, pero ahorita como está la situación nacional, todo puede suceder”, explicó.
Vázquez Campbell señaló quelos videos «no lo señalan a él» como la persona que estaba en el área inmediata del incendio, entonces «no tienen ninguna manera de acreditar que efectivamente prendió el cerillo que causó el accidente”.
Para el abogado, el principal responsable es el director del INM, Francisco Garduño, quien a pesar de enfrentar un proceso penal, tanto en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en el de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha mantenido en el cargo como medida de protección.
“La responsabilidad de Garduño de hecho fue no haber tomado las medidas adecuadas de seguridad o haber destinado parte del presupuesto para evitar esta tragedia; su responsabilidad es administrativa”, afirmó.
Vázquez Cambell asegura que el INM es uno de las instituciones más corruptas del país y Francisco Garduño actúa con toda impunidad.
“Yo le llamo el ‘cártel Garduño’; esta situación de migración es un caos en cuanto a extorsión que se está haciendo con los indocumentados en todos lados; no podemos para la corrupción en México sobre todo en los centros migratorios, ese es el problema básico”, dijo.
Denuncias de migrantes padres de familia han llegado a sus oficinas, y asegura que hay complicidad al interior del INM que retiene a sus hijos por largo tiempo para presionarlos para que les entreguen dinero y, tras pagar la cuota, el INM realiza las gestiones para que familiares con estancia legal en Estados Unidos puedan darles acogida a los menores.
“Eso sucede con los menores de edad que están en el DIF estatal, los tienen a la misericordia de estas gentes, los hacen esperar hasta tres meses, cuatro meses, para poderles gestionar a los menores las salidas; este es un atropello que no hemos podido frenar», detalló.
Explicó que «les están diciendo mire, si nos da un dinero, vamos a hacer una gestión para sacarlos a un tercer país; se han metido quejas, denuncias, inclusive ante la Comisión Nacional, pero por tratarse de menores de edad, los papás están asustadísimos, no quieren cooperar para meter la denuncia porque sus niños de seis años, de ocho años, de 15 años, están a la misericordia de estas autoridades del DIF estatal y esto sucede probablemente en todo el país”.
