La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua exhortó a la presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para que en el próximo Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2025, contemplen el subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública.
La proposición presentada por el diputado Arturo Zubía (PAN), detalla que, para facilitar que los municipios obtuvieran recursos en materia de seguridad, el gobierno federal estableció el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el cual está previsto en la Ley de Coordinación Fiscal; a través de este, se transfieren recursos a las entidades federativas a fin de apoyar las estrategias nacionales para el bienestar de la población.
Es decir, dicho fondo permite crear políticas públicas orientadas a la prevención de la violencia y la delincuencia, así como a la profesionalización y certificación de las fuerzas policiales, adquiriendo tecnología e infraestructura necesaria para mejorar la operación policial, además de contribuir al desarrollo del sistema de justicia penal y sus sistemas complementarios.
En México, existen 2,478 municipios, además de 16 alcaldías en la Ciudad de México, que son el primer punto de contacto para identificar las necesidades y demandas ciudadanas, principalmente en relación con la inseguridad.
La batalla contra la inseguridad debe comenzar en los municipios, que enfrentan cotidianamente este tipo de desafíos, por lo tanto, es fundamental contar con los recursos necesarios para implementar estrategias que garanticen mayor seguridad a la población, sin una dirección sólida, enfatizó el Legislador.
Además del FASP, había un programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), que proporcionaba subsidios a municipios y, en algunos casos a los estados, para que realizaran funciones de seguridad pública, dicho programa fue diseñado para financiar los gastos de los controles de confianza y la capacitación del personal policial municipal, mejorando así las condiciones laborales, el equipamiento, la infraestructura, la prevención del delito y la creación de bases de datos sobre seguridad pública.
En términos generales, este programa respaldaba la profesionalización y equipamiento de los organismos públicos encargados de mantener el orden y el bienestar de la comunidad, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, reconoce el papel de las policías estatales y municipales en la lucha contra la delincuencia, además de proponer un nuevo modelo policial que les brinde los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, para cumplir con sus funciones adecuadamente.
Es por lo anterior que, se hace el llamado al Gobierno Federal, así como al Congreso de la Unión para que se integre al Presupuesto de Egresos 2025, el subsidio suficiente para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública.
