La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Myriam Hernández Acosta aclaró que la iniciativa que se envió al Congreso del Estado para la liquidación anticipada de jueces y magistrados no es una ocurrencia del Poder Judicial del Estado y tampoco una jubilación, sino un retiro forzoso en virtud de que se terminó el proyecto de vida de cada uno de dichos funcionarios.
Aclaró que la iniciativa se consultó en primera lugar con la Secretaría de Hacienda y que también se tuvo acercamiento con todos los actores políticos que estuvieron dispuestos a escuchar, a quienes se les explicaron montos y antigüedades de jueces y magistrados.
Asimismo, Hernández Acosta señaló que aunque la iniciativa no se trata de una jubilación anticipada, la Ley Orgánica del Poder Judicial sí contempla el derecho de retiro y jubilación para quienes cumplen con cierto tiempo de trayectoria y que, actualmente, son 14 magistrados y alrededor de 51 jueces quienes tienen derecho a dicha prestación.
Descartó que el retiro forzoso del 100 por ciento de jueces y magistrados se estima en una liquidación cercana a los 100 millones de pesos.