La diputada federal Carmen Rocío González Alonso, del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que la aprobación de la Ley de la Guardia Nacional y las reformas a diversas leyes orgánicas de la Administración Pública Federal consuman el traspaso de la seguridad pública al ámbito militar, en abierta contradicción al carácter civil que mandata la Constitución.
“El Ejército tiene una vocación distinta a la de las policías, y es preocupante que se le delegue una tarea que requiere proximidad social, conocimiento del territorio y respeto pleno a los derechos humanos”, señaló la legisladora por el estado de Chihuahua.
Añadió que la Guardia Nacional, con entrenamiento y fuero militar, asumirá tareas de prevención del delito y protección ciudadana, pero con un enfoque que no garantiza la paz que el país necesita.
González Alonso criticó que el dictamen aprobado por la mayoría oficialista presenta errores, inconsistencias y un fondo autoritario, resultado de una prisa por legitimar lo que calificó como una “aberración jurídica y política”. “Se trata de un nuevo intento por normalizar la militarización de la seguridad y avanzar en la concentración del poder al más puro estilo de los regímenes totalitarios”, alertó.
Asimismo, denunció que esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de control, que incluye reformas a la Ley de Seguridad y a la Ley de Inteligencia, mediante las cuales el gobierno pretende obligar a las compañías telefónicas a entregar la ubicación de las personas en tiempo real a través de sus celulares, sin límites ni controles judiciales.
“Quieren espiar a la población a través de los GPS. En Acción Nacional decimos no a esta ley espía”, enfatizó.
La legisladora panista recordó que el voto del PAN es en contra de una estrategia de seguridad fallida, que ha priorizado los abrazos a los delincuentes y los balazos a la ciudadanía. “México no necesita más soldados en las calles, necesita policías estatales y municipales fuertes, bien entrenados y profesionales”, afirmó.
Finalmente, llamó al oficialismo a asumir su responsabilidad ante una de las crisis de seguridad más graves en la historia del país, con más de 200 mil homicidios dolosos, 120 mil personas desaparecidas y un número alarmante de feminicidios.
“Lo que el país necesita es una estrategia integral de seguridad pública, nacional, interior y preventiva, no leyes hechas a modo para un gobierno que no tolera el disenso y pone en riesgo los derechos humanos”, concluyó.
