Luego de que un tribunal federal mexicano ordenó garantizar los servicios de aborto voluntario hasta las 12.6 semanas de gestación en Chihuahua, el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza manifestó que el Estado está imposibilitado a cumplir con la resolución judicial en virtud de que se contrapone con lo dispuesto en el Código Penal del Estado.
La autoridad resolvió tres amparos interpuestos por organizaciones civiles, entre ellas Marea Verde Chihuahua, AbortistasMx, CHEROS y Red de Aborto Seguro, como parte de una estrategia jurídica nacional para que mujeres, personas trans y no binarias con capacidad de gestar pudieran interrumpir su embarazo.
No obstante, Gilberto Baeza explicó que en tanto el Congreso del Estado no aprueba una modificación al Código Penal del Estado para destipificar el aborto voluntario, no se puede brindar dicho servicio y agregó que, en caso de que las y los legisladores locales lleguen a analizar una reforma, la Secretaría de Salud podría actuar como un órgano consultor.
En tanto, explicó que el Estado ofrece información y apoyo en casos específicos en los que el Código Penal permite la interrupción del embarazado, como cuando se trata del resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida o cuando el médico tratante considera que la saluda de la mujer se encuentra en riesgo.
