Fiscalía detiene a hombres, mujeres y niños rarámuri de Bosques San Elías Repechique

Noticias de Chihuahua.-

Cerca de 50 integrantes de la comunidad Bosques San Elías Repechique, incluyendo niños, fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado cuando se encontraban en una reunión en la construcción del taller de costura en la comunidad mencionada, el cual es parte de los proyectos financiados por el fideicomiso de reparación del daño por la construcción del Aeropuerto de Creel.

En esta reunión se encontraban presentes los integrantes de esta comunidad que desde hace años ha demandado al Estado el reconocimiento legal de su territorio ancestral y el cual les fue reconocido por un juez federal en 2014, así como también personal de la Consultoría Técnica Comunitaria, pues se revisaba un oficio que fue enviado por las mismas autoridades a la comunidad.

Aproximadamente a las dos de la tarde del día de ayer, elementos ministeriales ingresaron a la reunión y preguntaron por la persona encargada de la construcción, informándoles que la comunidad era la responsable de dicho proyecto, y tras una discusión luego de que se retiraron los sellos con los que se prohibía continuar con las obras, los elementos detuvieron a las personas y los hicieron caminar hasta Creel durante dos horas.

Los integrantes de esta comunidad manifestaron a los agentes que los sellos fueron retirados, porque al momento de colocarlos no se les presentaron órdenes o documentos de un juez que avalaran la suspensión de la construcción y señalaron que las personas que han querido frenar las obras obtuvieron estos terrenos de manera ilegal, por lo que hay un litigio en tribunales federales.

 

Las personas tras dos horas de camino arribaron a las oficinas del Ministerio Público en Creel y tuvieron que esperar afuera porque se encontraban cerradas, posteriormente se les informó que el caso estaba bajo la jurisdicción de Cuauhtémoc y se les pidió que se trasladaran con sus propios medios hasta ese municipio para que arreglaran la situación.

A la comunidad se le acusa de despojo y las autoridades no les han querido reconocer la representación legal, ni tener acceso al expediente que se lleva en su contra, por lo que los integrantes de la comunidad solicitaron la presencia del fiscal de la zona occidente, Jesús Carrasco Chacón, pero este se negó a atenderlos.

Las autoridades emplazaron a la comunidad a desalojar el inmueble y parar la construcción, por lo que exigen a las autoridades que reconozcan y respeten la posesión ancestral que tiene la comunidad sobre su territorio y se respete la autonomía, autogestión y autodeterminación que se encuentran establecidos en la Constitución y Tratados Internacionales.